La Fiscalía mantendrá la rebelión aunque pedirá 15 años y no 25

La Fiscalía va a mantener el delito de rebelión en su escrito de acusación contra los líderes independentistas procesados en el Tribunal Supremo. Sin embargo, tal y como avanzó ayer la Cadena SER, el Ministerio Público solicitará al tribunal que les juzgue que imponga la pena mínima prevista para este delito en el Código Penal, que es de 15 años de prisión. De este modo, la intención de la Fiscalía es mantener la acusación original de las querellas. Además de la rebelión, Carles Puigdemont y los miembros de su Govern también serán acusados de malversación de caudales públicos, un delito que puede comportar, asimismo, penas de cárcel, inhabilitación o multas. Tras trascender la noticia, Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del número 1 de JxCat, criticó la “hispana tradición” de filtrar los escritos de la Fiscalía a los medios antes de su presentación. “Y después se preguntan por qué nos queremos ir”, reflexionó el letrado.

En otro orden de cosas, un informe de la Guardia Civil entregado al juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, asegura que la Generalitat efectuó un inventario de los bienes inmuebles que tiene el Estado en Catalunya. En este sentido, el Executiu de Puigdemont habría valorado en 20.000 millones de euros estas propiedades que, según la versión de la Benemérita, habrían de pasar a formar parte de la República catalana tras la independencia. En total, se contabilizaron 4.630 propiedades, entre edificios y terrenos. Las indagaciones de los agentes parten de un documento supuestamente intervenido al entonces secretario de Hacienda de la Generalitat, el republicano Lluís Salvadó, fechado en marzo de 2017. “Su conocimiento es clave a los efectos de la futura negociación para su distribución, pero también para poder realizar un mapa de demanda agregada de necesidades inmobiliarias de la República y su provisión que habrá de provenir, en parte, de los inmuebles del Estado en Catalunya, que se incorporarán al Patrimonio de la Generalitat”, indicaba el texto.

Torrent y Aragonès alertan de que solo la absolución será “aceptable” ? El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, insistieron ayer que el único desenlace “aceptable” en el juicio contra la cúpula independentista en el Tribunal Supremo es su absolución. “Votar no es delito, el 1 de octubre es la expresión democrática de la sociedad”, aseguró Torrent, a la vez que negó que la conducta de Puigdemont y de su Govern fuera constitutiva de “de rebelión o de sedición”. Aragonès, por su parte, resumió, en tres palabras, el devenir del proceso judicial en el Supremo que, a su juicio, se debería producir y la solución del conflicto catalán. “Libertad, absolución, autodeterminación”, escribió en un apunte de Twitter el hombre fuerte de ERC en el Executiu de Torra. También el líder del PDeCAT, David Bonvehí, abogó porque Madrid oriente la acción del fiscal.