El Gobierno descarta influir en la Fiscalía para que los independentistas apoyen sus cuentas

El Gobierno de Pedro Sánchez reiteró ayer a los partidos independentistas que no puede influir en el proceso judicial abierto contra los responsables del proceso independentista y confió en que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentará el Ejecutivo a finales de noviembre o principios de año tenga la fuerza necesaria por sí mismo como para atraer el apoyo de estas formaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, recordó a “las autoridades legítimas de Catalunya” que lo son precisamente porque representan a un Estado de Derecho donde rige la separación de poderes y en el que, por tanto, la Fiscalía actúa bajo principios de “autonomía e imparcialidad”.

El Gobierno rebaja al 2,6 por ciento la previsión de crecimiento para este año y al 2,3% la de 2019

“Seguimos convencidos de que el presupuesto tiene fuerza intrínseca suficiente como para poder salir adelante”, incidió la portavoz, para quien “pesa mucho más la Catalunya inteligente, cultivada y cosmopolita” que quiere permanecer dentro de España que “algunas declaraciones retóricas” que se escuchan últimamente.

Tanto el PDeCat como ERC han vinculado su apoyo a los PGE para 2019 a que el Gobierno tenga gestos con los dirigentes independentistas encausados por su papel en el proceso independentista.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, indicó que, con vistas a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, no se trata de exigir al Gobierno que influya en la Fiscalía en el proceso judicial contra los dirigentes independentistas, sino de hacer ver que el Ejecutivo tiene margen de actuación para cambiar la situación de los políticos procesados.

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, señaló sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que es “momento para arrimar el hombro”.

En una entrevista en la Cadena Ser, Ortuzar afirmó que el PNV “siempre es el último” en negociar con el Gobierno y que en este caso con el PSOE “será fácil, gratis no”.

Antes, el jueves 8 de noviembre, el Ejecutivo comunitario presentará sus últimas previsiones macroeconómicas, en las que actualizará sus proyecciones de crecimiento y déficit público del conjunto de la eurozona en general y de cada uno de los socios del euro en particular, según señalaron ayer fuentes comunitarias.

En este sentido, Echenique afirmó que está “seguro” de que el Gobierno tiene esto claro, porque rebajar algunas de las medidas incluidas en el pacto supondría “que ese acuerdo que ha firmado deja de ser un acuerdo”.

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El Gobierno aprobó ayer el plan presupuestario de 2019, que tenía previsto enviar ayer mismo a Bruselas, con un déficit público del 1,8% del PIB, a pesar de que el PP y Ciudadanos han bloqueado en el Congreso la tramitación parlamentaria de la eliminación del veto del Senado a la nueva senda presupuestaria.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó que si no se aprueban los nuevos Presupuestos para el año que viene, el déficit público se situará en el 2,2% del PIB por la propia inercia económica, por tanto, cuatro décimas por encima del 1,8% planteado por el Gobierno.

En cuanto a las medidas fiscales que contendrán los nuevos Presupuestos, el Gobierno prevé elevar en 5.678 millones de euros la recaudación con las nuevas medidas tributarias acordadas con Unidos Podemos en el acuerdo presupuestario alcanzado con esta formación política.

Las medidas adoptadas sobre el Impuesto de Sociedades serán las que aporten la mayor cuantía, en total, 1.776 millones de euros. Le sigue el impuesto sobre Servicios Digitales, con 1.200 millones de euros. El impuesto sobre las transacciones financieras aportará 850 millones de euros, mientras que el incremento del IRPF a las rentas muy altas generará una recaudación de 328 millones. El impuesto al diésel elevará la tributación en 670 millones de euros, y el incremento de impuesto de Patrimonio generará 339 millones, mientras que la rebaja del IVA detraerá 53 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno contempla una revisión a la baja de una décima tanto del crecimiento previsto para este año, que se sitúa en el 2,6%, como el de 2019, en el 2,3%.