TRIBUNALES CORRUPCIÓN
Rato intenta dilatar con un recurso su ingreso en prisión
Pide retrasar su entrada hasta que decida el Constitucional || El exdirigente popular tiene hasta el jueves para acudir a la cárcel
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
El exvicepresidente económico del Gobierno central y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional para aplazar su entrada en prisión para cumplir su condena a cuatro años y medio de por el delito continuado de apropiación indebida en relación con el caso de las tarjetas “black”. Fuentes jurídicas explicaron ayer que Rato ha solicitado a los magistrados que no le obliguen a entrar en la cárcel hasta que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre el recurso de amparo que está preparando su defensa. Con todo, y a pesar de que la decisión del tribunal se conocerá en los próximos días, los plazos son muy ajustados puesto que el exdirigente popular tiene hasta este jueves para ingresar voluntariamente en un centro penitenciario, como ya hicieron hace unos días otros condenados como el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y el exdirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas. No obstante, al igual que Rato, algunos sentenciados también han seguido la vía de recurrir en amparo al Constitucional y tratar de dilatar así el encarcelamiento.
En otro orden de cosas, el exsecretario general de los populares madrileños Francisco Granados no cerró su cuenta en Suiza en 2005, tal y como había afirmado, sino que la mantuvo operativa hasta 2007, según avanzó ayer la cadena La Sexta y constaría en la nueva documentación aportada por el empresario David Marjaliza en relación con la trama Púnica. Así, se ha constatado una transferencia de casi 1,7 millones de euros que el entonces consejero regional con Esperanza Aguirre habría enviado desde el país helvético a Marjaliza. Igualmente, el empresario arrepentido habría aportado a la investigación un documento en el que se valora en 133 millones de euros la compañía Servicio Patrimonial que estaba controlada por tres personas, entre ellas el propio Marjaliza. En este sentido, y según su versión, tanto él como las otras dos personas eran testaferros que ocultaban al verdadero propietario de la firma, Francisco Granados.
