ESNOTICIA
La Fiscalía pide 25 años de prisión para Junqueras y 17 para los Jordis por el 1-O
Mantiene su línea dura y les sitúa como jefes de una rebelión junto a Forcadell
Miles de personar acudieron a las puertas de la prisión de Lledoners para mostrar su apoyo a los presos y su rechazo frontal a la Fiscalía.
La Fiscalía pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras al considerarle el líder de una rebelión con “numerosas situaciones de violencia”, una acusación que la Abogacía del Estado rebaja a 12 años por sedición, por estimar que solo hubo “incidentes de orden público” en un “ambiente hostil”. Ministerio Público y Abogacía entregaron ayer sus escritos de calificaciones provisionales en el Supremo, que confirman sus profundas discrepancias.
La divergencia de criterio motiva las diferencias de años de condena que reclaman sendas acusaciones. Para Oriol Junqueras, la Fiscalía pide 25 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión frente a los 12 por sedición y malversación de la Abogacía. La Fiscalía le sitúa en la jefatura de la rebelión, junto a los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para quienes pide 17 años de cárcel, seguidos de los 16 que solicita para los cinco exconsellers encarcelados, todos ellos por rebelión. Un nivel de liderazgo del que discrepa la Abogacía del Estado, que sitúa a todo el Govern (a excepción de los que están en el extranjero) en un primer grupo y pide para los cinco exconsellers 11 años y medio de prisión por sedición y malversación.
En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Abogacía solicita para ellos 8 años de cárcel por sedición por no considerarles autoridad, una circunstancia que en cambio sí que estima para Forcadell, para quien reclama 10 años de cárcel. Sí que coinciden respecto de los otros tres exconsellers, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, para los que piden 7 años de prisión y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia. La única diferencia está en los años de inhabilitación, 17 y 10, respectivamente.
Cierran el grupo de acusados los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes de desconexión, entre ellos la leridana Ramona Barrufet, y la expresidenta de la CUP en la Cámara catalana, la también leridana Mireia Boya, a los que ambas partes les acusan de desobediencia. Solicitan multas e inhabilitación.
Ambas acusaciones manifiestan que el Govern encabezó un plan encaminado a la convocatoria del 1-O y a la DUI para lo cual se sirvió de la actuación de la Mesa del Parlament que tramitó las leyes de desconexión, “abiertamente ilegales”, desoyendo las advertencias del Constitucional. Para llevarlo a cabo, dice la Fiscalía, destinaron 3,07 millones de euros públicos, cifra que la Abogacía limita a 1,9 millones. La Fiscalía llega a citar presunta violencia en una veintena de ocasiones en su escrito, mientras que la Abogacía solo se refiere a “ambiente hostil”, “disturbios”, “enfrentamientos” y “cortes de tráfico”. El Ministerio Público alude a que se valieron de las movilizaciones populares masivas auspiciadas por los Jordis, ambos con un papel crucial para generar un ambiente de “presión” que llevase al Estado a capitular a la independencia de Catalunya. Del que apenas se habla en los escritos presentados ayer es de Carles Puigdemont.
El juicio oral podría comenzar a mediados de enero próximo, que finalizaría en marzo. Con este calendario, la sentencia estaría en junio, tras las elecciones municipales.
