PANORAMA
La Fiscalía cita a decenas de guardias civiles y policías y a un mosso de Lleida como testigos
También a Enric Millo, pero no a miembros del Gobierno de Rajoy ni a ninguno de los heridos en el 1-O por las cargas policiales || Entre las periciales, un informe sobre el supuesto coste del referéndum
La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han solicitado que durante el juicio contra los políticos independentistas declaren hasta 256 testigos, además de algunos peritos. Entre ellos se encuentran decenas de policías nacionales y guardias civiles que actuaron durante el 1-O y también un mosso d’esquadra de Lleida que, en este caso, aparece como testigo protegido, según fuentes cercanas al proceso. Se trata de un agente de la policía catalana identificado en las diligencias del juzgado número 4 de Lleida. El escrito de Fiscalía incluye un listado de policías lesionados el 1-O y cifra en 24 en las comarcas de Ponent, pero no se pide la declaración de ninguno de los ciudadanos que resultaron heridos en las cargas policiales. En Lleida se produjeron en once colegios electorales. Fueron en Ponts, Menàrguens, Alcarràs, Soses, Artesa de Lleida y Puigverd de Lleida, junto a cinco en la caital del Segrià (CAP de Cappont, la Caparrella, Benestar Social, Escola Oficial d’Idiomes y la Mariola).
Entre los citados a declarar en el juicio se encuentran el ex delegado del Estado en Catalunya Entric Millo, pero no hay otros cargos del Ejecutivo del entonces presidente Mariano Rajoy. También se pide que declaren los miembros de la Mesa del Parlament José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), el letrado mayor y el secretario general de la Cámara y la exconsellera de Presidencia Neus Munté, así como otros ex altos cargos del Govern de la Generalitat.
Como pruebas periciales destaca un informe sobre el supuesto coste que tendría el uso de los locales electorales, informes ya presentados en Instrucción 13, algunas resoluciones del Tribunal Constitucional anulando actos del Parlament e informes del Consell de Garanties Estatutàries poniendo en duda la legalidad de la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica. También se incluyen numerosos documentos, informes y vídeos aportados durante la instrucción tanto en el Supremo, como la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
barcelona
El líder del PSC, Miquel Iceta, lanzó un mensaje a los partidos independentistas y dijo que es un “grandísimo error” ligar el voto a los presupuestos del Estado al juicio a la cúpula del procés y pidió que antes de abordar “frívolamente” el tema se piense en las personas a las que benefician estas cuentas. Replicó así al president catalán, Quim Torra, quien el viernes anunció que “el pueblo de Catalunya” retira el apoyo al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y no votará “nunca” los presupuestos generales, después de que la Fiscalía pida hasta 25 años de cárcel a la cúpula del procés. Iceta quiso destacar que Sánchez ha optado por “la única vía posible”. “Las píldoras antiinflamatorias del doctor Pedro Sánchez están funcionando, es lo que conviene, bajar la inflamación, la fiebre, para que podamos hablar con libertad y tranquilidad”, apuntó. El líder del PSC pidió que se respete la independencia del poder judicial y sostuvo que el Gobierno central no puede decidir quién va a la cárcel y quién no. Añadió que le parece igual de “absurdo” decir que en Catalunya no se cometió “ningún delito” durante el proceso unilateral a la independencia como “pensar que la solución serán largos años de cárcel”.
Por su parte, el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, se dirigió también a ERC y PDeCAT para intentar convencerlos de que apoyen los presupuestos, pese a la “rabia” que puedan sentir por la petición de condenas del procés, para que no pague “la gente trabajadora”. Con todo, Iglesias consideró “una vergüenza” que los “violadores” del caso de La Manada hayan sido condenados a nueve años y ahora se pida para el exvicpresident de la Generalitat Oriol Junqueras 25 años de prisión por el procés, en línea con la opinión de Rafael Rufián (ERC).