POLÍTICA PROCÉS
Fallece a los 71 años el magistrado Ramírez Sunyer, el primero en judicializar el 1-O
Inició las investigaciones tras las declaraciones del exsenador Santi Vidal, que aseguraba que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes || El juez ordenó el registro en la sede de Economía el 20-S
Imagen de archivo del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer.
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investigaba la logística del 1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, falleció ayer domingo a los 71 años por una enfermedad.
El juez Ramírez Sunyer fue quien ordenó el registro el 20 de septiembre de 2017 de las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, que desencadenó la protesta de unas 40.000 personas a las puertas de Economía. Su investigación arrancó a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán por declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.
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A partir de estas denuncias, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer investigó al también juez Vidal y al expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, y posteriormente a cargos de la conselleria de Economía como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, buscando principalmente el origen de los fondos para sufragar la consulta.
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el miércoles una nueva medida de refuerzo para el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, por lo que destinó a un nuevo magistrado para que se ocupara de todos los otros asuntos del Juzgado.
Esta medida iba a permitir que la instrucción del caso del 1-O fuese abordada en exclusiva por Sunyer, que se iba a dedicar así a la instrucción de la causa contra exmiembros del Govern y otros cargos y empresas adjudicatarias por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos. Quedó liberado de celebrar juicios por delitos leves y su resolución, así como de la instrucción del resto de procedimientos, con el objetivo de que la instrucción del sumario sobre la logística del 1-O pudiera concluirse “en el plazo más breve posible por el mismo magistrado que la inició”.
