SEGRE

El Supremo, dividido, sigue deliberando hoy sobre quién debe pagar las tasas hipotecarias

Solo las firmadas en los últimos cuatro año pueden suponer 25 millones de euros en Lleida

Publicado por

Creado:

Actualizado:

La disparidad de posturas en torno a quién debe asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados -impuesto sobre hipotecas- marcó ayer las ocho horas de deliberación del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que continuará hoy. Su decisión mantiene pendiente a millones de personas, bien porque tienen firmada una hipoteca y podrían recuperar el importe de esta tasa, bien porque están a punto de firmar un crédito para comprar una vivienda. Solo por las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años se calcula que 12.700 los leridanos podrían reclamar unos 25 millones de euros. Fuentes de la Sala señalaron que en el debate de fondo de la cuestión -si se estiman o no los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una sentencia anterior que falló a favor de las entidades bancarias- habían intervenido un total de 9 de los 28 magistrados reunidos, dos de los cuales fueron los ponentes asignados a los citados recursos. Las mismas fuentes apuntaron que los magistrados que sí intervinieron no mostraron una postura unitaria respecto a este asunto, y que hubo opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial dado hace tres semanas por una de las secciones de esta sala, que atribuyó a los bancos el pago del impuesto. Dos de los que defendieron confirmar la nueva jurisprudencia fueron los dos ponentes de los recursos estudiados ayer, Nicolás Maurani y Francisco José Navarro Sanchís. Sin embargo, otros magistrados que tomaron la palabra se mostraron en contra de confirmar la nueva doctrina y abogaron por volver a la situación anterior, la de que sean los clientes los que abonen este impuesto a Hacienda. Una de las claves de la deliberación que continuará hoy será la fijación de la retroactividad de la nueva doctrina en el caso de que ésta se confirme. Se baraja que pueda fijarse en cuatro años -que es el plazo que permitiría la reclamación por los ciudadanos a Hacienda del dinero pagado por este impuesto- o establecerse ilimitada, lo que permitiría reclamar en los tribunales a un número mayor de ciudadanos. El asunto de la retroactividad, sin embargo, no se tocó ayer. En espera de la decisión judicial, Podemos hizo un llamamiento a la movilización si el Supremo decide que los bancos no asuman el impuesto de las hipotecas. Desde el Gobierno central, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, avanzó que el Ejecutivo estudiará articular “algún tipo de ayuda” a las autonomías para que no les afecte a su situación financiera si finalmente los consumidores pueden reclamar la devolución del impuesto sobre actos jurídicos documentados.

La PAH de Lleida pide la devolución desde el año 1995

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraron ayer ante los juzgados de Lleida, donde leyeron un manifiesto para reclamar que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas. Exigen también que lo hagan con retroactividad total, desde el año 1995, cuando se aprobó el artículo, cuestionado ahora en el Tribunal Supremo, que establecía que el cliente se hiciera cargo de este impuesto. Consideran “lamentable” que se cuestione ahora una sentencia porque afecta a las entidades financieras pero que no se hiciera ningún paso cuando afectaba a los ciudadanos. “Durante más de veinte años la banca ha ganado millones de euros y ha desahuciado a miles de familias en todo el Estado”, denuncia el portavoz de la PAH de Lleida, Henry Mora. Desde la PAH “exigimos que la decisión judicial establezca la retroactividad, que se elimine totalmente el impuesto al ciudadano y que se devuelva el dinero a todas las familias que hayan pagado este impuesto en los 20 años que lleva existe esta ley”, sentenció Mora. Desde la PAH destacan que “es la primera vez que después de una sentencia y por la repercusión que ésta puede causar, quede en suspensión hasta que se decida cómo afectará esta decisión”. “Esto se debería haber hecho antes de sentenciar”, opinan, y critican que un hecho como este no se ha visto nunca antes.

tracking