Estrasburgo juzga que la Audiencia no fue imparcial al condenar por terrorismo a Otegi

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio del “caso Bateragune” -por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna-, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA, pasando seis años en prisión, y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación, que se cumplirán en el año 2021.

Estrasburgo no le indemniza, pero le recuerda que puede pedir en España la revisión de aquella sentencia.

La sentencia, dada a conocer ayer, declara que se ha producido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos –derecho a un procedimiento judicial imparcial– sobre Otegi, Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres, todos condenados en aquel procedimiento.

El fallo fue unánime de todos los miembros del tribunal, entre los que estaba la española María Elósegui.

El tribunal de Estrasburgo apunta en su sentencia que cuando haya habido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, “la forma más adecuada de reparación sería, en principio, un nuevo juicio o la reapertura del caso, a petición de la persona interesada”.

Otegi confió en que su inhabilitación por delito de pertenencia a la banda terrorista ETA decaiga “por sentido común”, tras la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos (TEDH) que concluye que la Audiencia Nacional vulneró sus derechos fundamentales, si bien ha eludido aclarar si recurrirá.

Afirmó que a los procesados por el “caso Bateragune”, de reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna, les encarcelaron por “construir una estrategia pacífica” y aseguró que hoy “la gran mentira” de su condena “queda al descubierto”.

La sentencia de ayer no es firme. Las partes disponen de un plazo de tres meses para solicitar que el caso sea revisado por la Gran Sala de 17 jueces de la Corte europea.

Esta es la segunda condena relacionada con Otegi que el TEDH dicta contra España. Ya lo hizo en marzo de 2011, cuando la condenó por vulnerar su libertad de expresión al imponerle una pena de un año de cárcel por injurias graves al rey.

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La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, consideró ayer que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi constata la “injusticia” y los “abusos” en España, y aseguró que ve “paralelismos” entre ese juicio y el del “procés”.

De hecho, la portavoz del Govern incidió en el “paralelismo” entre ese juicio y el del proceso independentista, en el sentido de que “se ha intentado recusar a jueces por parte de los acusados, por sus expresiones políticas, y cada vez que se ha intentado hacer, se han puesto barreras y el Tribunal Supremo se ha posicionado en contra”.

Por su parte, ERC y la CUP coincidieron en reclamar al PSOE y a su gobierno que eviten “un juicio injusto” contra los líderes independentistas catalanes y que estos no tengan que esperar “5 u 8 años en prisión” antes de que el Tribunal de Estrasburgo dicte una sentencia similar a la del caso Otegi.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que la sentencia del TEDH no pone en entredicho a la Justicia española.

El presidente del PP, Pablo Casado, consideró que independientemente de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que da la razón a Arnaldo Otegi por la parcialidad de una jueza, debería de ser él quien pidiera perdón.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que espera que el PP y Cs “no salgan diciendo” que el TEDH de Estrasburgo es “proetarra” por haber dado la razón a Arnaldo Otegi y admitir la falta de parcialidad del tribunal que le juzgó.

El PNV pidió a la Justicia española que “acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos”, tras conocer la sentencia por el “caso Bateragune”.