Torra oficializa la ruptura con Pedro Sánchez y le deja sin apoyos para los presupuestos

El president de la Generalitat, Quim Torra, cerró ayer la puerta a que los diputados de ERC y PDeCAT voten a favor de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. En este sentido, Torra enfatizó en el Parlament que los independentistas retirarán “cualquier apoyo” al Ejecutivo socialista después de la decisión de la Fiscalía de mantener la acusación por rebelión contra los líderes independentistas procesados en el Tribunal Supremo, y pedir hasta 25 años de prisión para el vicepresident cesado, Oriol Junqueras. En la misma línea, el número 2 de Torra en el Govern, Pere Aragonès, acusó a La Moncloa de “mentir” al vincular la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional (SMI) al apoyo independentista a las cuentas del Estado. Horas después, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunció que su Gabinete incrementará el SMI hasta los 900 euros aunque no pueda aprobar los presupuestos en el Congreso. De este modo, los socialistas utilizarán la vía del real decreto para sacar adelante esta medida. Asimismo, Sánchez también avanzó que no se plantea convocar elecciones anticipadas, y que su intención es agotar la legislatura. A su vez, tendió la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para “mejorar” el proyecto presupuestario y poder recabar su apoyo en la Cámara baja, ante la negativa de ERC y PDeCAT a prestar sus votos. No obstante, el líder de los populares, Pablo Casado, instó a Sánchez a avanzar los comicios si es incapaz de aprobar las cuentas, tal y como el actual jefe del Ejecutivo exigía a su predecesor, Mariano Rajoy, hace unos meses. Mientras tanto, el líder del PSC, Miquel Iceta, y la número 1 de CatComú en el Parlament, Jéssica Albiach, invitaron ayer a Torra a desvincular el apoyo de los independentistas a los presupuestos del Estado y la situación de los presos. “Lo tenemos que hacer por la gente”, subrayó Albiach. Igualmente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, avanzó que pedirá un encuentro con el president para hablar “con calma” de las cuentas. Por otro lado, el vicepresident Aragonès descarta prorrogar los presupuestos de la Generalitat en 2019 y apuesta por continuar negociando con todos los grupos, según informaron fuentes de Economía a El Nacional. Así, matizó el escenario de prórroga vaticinado por la portavoz del Govern, Elsa Artadi, el martes.

La Audiencia Nacional descarta investigar por terrorismo a los CDR Tamara y Adrià Carrasco

MADRID

La Fiscalía solicitó ayer que el Tribunal Supremo confirme las condenas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, por desobediencia en relación con la consulta del 9-N de 2014. Así, el Ministerio Público, en la vista en la que se estudiaron los recursos presentados por los tres exmiembros del Govern contra el fallo del alto tribunal catalán, abogó por mantener la pena de 2 años de inhabilitación para Mas, 1 año y 9 meses para Ortega, y 1 año y 6 meses para Rigau. El fiscal Javier Moreno sostuvo que todos ellos desobedecieron porque sabían que el proceso participativo era “inconstitucional”. Por ello, razonó Moreno, no era necesario un requerimiento ad hoc del Tribunal Constitucional para frenar la consulta. Sin embargo, el abogado de Mas, Xavier Melero, insistió en que no se les apercibió expresamente de que estaban incumpliendo la ley. En la misma línea, Jorge Navarro, letrado de Rigau, subrayó que el Constitucional no avisó directamente a la exresponsable de Educación con un “mandato”, al igual que la defensa de Ortega, ejercida por Rafael Entrena. En este sentido, manifestó que la vicepresidenta “no llamó a la desobediencia”. Así las cosas, los tres solicitaron la absolución de sus representados. En otro orden de cosas, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha remitido a los juzgados catalanes la investigación contra los activistas de los CDR Tamara Carrasco y Adrià Carrasco. De este modo, De Egea descarta que cometieran delitos de terrorismo y abre la puerta a que les juzgue por desórdenes públicos. La primera cumple una cautela de confinamiento en Viladecans y el segundo reside ahora en Bélgica.