Los bancos no se podrán deducir el impuesto de las hipotecas, que pagarán desde mañana

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al real decreto ley que modifica la regulación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sean los bancos quienes paguen este gravamen, y no los clientes como hasta ahora. De este modo, el Gobierno central dejó en papel mojado la polémica decisión adoptada por el Tribunal Supremo este martes que, enmendándose a sí mismo, determinó lo contrario y cargó en los consumidores la obligación de abonar este impuesto cuando se registra una hipoteca. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que el objetivo es que los ciudadanos “no tengan que pagar más” este impuesto a la hora de escriturar un préstamo hipotecario, después de la “alarma social y la inseguridad jurídica” creada, a su entender, por el Supremo. Asimismo, señaló que las entidades bancarias no podrán deducirse el pago de este impuesto a la hora de abonar el de Sociedades.

Montero también hizo hincapié en que el Ejecutivo socialista “velará” por que los bancos no repercutan en sus clientes el coste de verse forzados a pagar este gravamen. Con todo, la titular de Hacienda confió en que el real decreto ley cuente con los apoyos suficientes para ser convalidado en el Congreso. “Espero que el PP vote a favor y si no, tendrá que explicar si está a favor de que sean las consumidores los que pagan o los bancos”, advirtió.

La Moncloa justifica la medida por la “alarma social” generada a raíz de la decisión del Supremo

La UE prevé que España crezca un 2,6% este año, dos décimas menos que su pronóstico anterior

Sin embargo, el grupo parlamentario popular registró ayer una proposición de ley a fin de eliminar el impuesto que ahora han de pagar los bancos. Además, su líder, Pablo Casado, acusó al Gabinete de Pedro Sánchez de “engañar” a la gente porque, de mantenerse el gravamen, las entidades bancarias acabarán por repercutirlo en el cliente. Desde Ciudadanos, su portavoz en la Cámara baja, Juan Carlos Girauta, tachó a los populares de “oportunistas” por instar ahora a suprimir el impuesto. Además, adelantó que el partido naranja avalará la iniciativa del Ejecutivo de Sánchez de cargar en los bancos este gravamen por la vía del real decreto ley. No obstante, el presidente de Cs, Albert Rivera, dudó de la constitucionalidad de regular el impuesto con un decreto. Así, abogó por que Sánchez “presente una ley urgente por lectura única” para modificarlo.

En otro orden de cosas, el Gobierno declaró ayer de urgencia la tramitación en el Senado del proyecto de ley de contratos de crédito inmobiliario, conocida como ley hipotecaria, con el objetivo de que sea aprobada en 20 días naturales. En este sentido, la portavoz de La Moncloa, Isabel Celáa, manifestó que ya no quieren pagar más multas a la Unión Europea por no haber adaptado a tiempo la normativa estatal a los estándares comunitarios.

MADRID/BRUSELAS

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió ayer a PDeCAT y ERC para que desvinculen la negociación de los presupuestos del Estado de la situación de los líderes independentistas encarcelados y procesados en el Tribunal Supremo. De esta manera, Celaá apeló a la “responsabilidad” de ambas formaciones para que, finalmente, apoyen el proyecto de las cuentas que prepara el Ejecutivo socialista. En paralelo, la Comisión Europea rebajó dos décimas las previsiones de crecimiento para España de este año y del que viene. Así, indicó que será del 2,6% en 2018 y del 2,2% en 2019. Además, Bruselas subrayó que el Estado cerrará el año con un déficit del 2,7%, mientras que en 2019 estará en el 2,1%, dos décimas por encima del objetivo señalado desde la UE. Con todo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, manifestó que las previsiones del Gobierno están “bastante alineadas” con las de Bruselas. En la misma línea, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que estas previsiones evalúan “satisfactoriamente” el proyecto presupuestario. Sin embargo, Bruselas también alertó ayer que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros a partir de enero, medida que forma parte del pacto entre los socialistas y Podemos para aprobar las cuentas, tendrá un impacto negativo en la creación de empleo. A este respecto, en España se dejarán de crear entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo durante los próximos dos años como consecuencia de este incremento, según los datos que maneja la UE.