Los bancos no abonarán el impuesto de las hipotecas a la Iglesia, el Estado y los partidos

Los bancos no pagarán el impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios suscritos con la Iglesia y las demás confesiones religiosas que hayan firmado acuerdos de cooperación con el Estado, con los partidos políticos con representación parlamentaria, con el Estado y con otras entidades sociales como la Cruz Roja. Esta excepción es consecuencia de que la normativa que regula este gravamen exime a dichas entidades del pago de la tasa, salvedad que el Gobierno socialista ha mantenido en el decreto que aprobó el jueves y que entra en vigor hoy, y cuyo objetivo era evitar que los consumidores continuaran cargando con la obligación de abonarlo después de la polémica resolución del Tribunal Supremo. A este respecto, el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, justificó ayer su decisión de imputar a los bancos el pago del impuesto en la necesidad de redistribuir mejor la riqueza para frenar el avance del populismo. “Si la prosperidad no es como una suerte de lluvia fina, persistente y capaz de llegar a todas las capas de la sociedad, surgen en consecuencia el desencanto, la frustración, la desafección, y es ahí donde se encuentran los pilares, el sustento que alimenta las retóricas excluyentes”, advirtió. No obstante, el secretario de Áreas y Programas Sectoriales de Ciudadanos, Toni Roldán, pidió a los socialistas que no hagan “chapuzas” con el decreto que aprobó el jueves el Consejo de Ministros para que después de haya problemas de “inconstitucionalidad” de la medida. Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, preguntada por la conversación que mantuvo el jueves con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dijo que ésta se enmarca en la obligación de “los poderes del Estado de hablar con luz y taquígrafo”. Por su parte, Facua exigió al Gabinete central que la autoridad de protección al usuario financiero que pretende crear tenga capacidad sancionadora y no sea una “figura decorativa”. En otro orden de cosas, un nuevo aplazamiento del debate a la totalidad en el Congreso de la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, que tiene como fin retirar el veto efectivo del Senado a la senda de déficit, imposibilitará que el cambio legislativo sea aprobado este año. En relación a los presupuestos, el líder del PP, Pablo Casado, instó a Sánchez a someterse “al menos” a una cuestión de confianza si no logra aprobarlos y si decide no anticipar los comicios.

El Govern pedirá investigar si el Supremo cometió algún delito La portavoz del Govern, Elsa Artadi, avanzó ayer que la Generalitat va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis Díez-Picazo, cometieron algún delito en el proceso que culminó con el polémico fallo publicado el martes que salvaba a los bancos de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Según Artadi, el Ministerio Público está “obligado a investigar” si ha habido delito al enmendar “una sentencia firme” a través de una “inusual convocatoria de la sala del tribunal”. En este sentido, Artadi denunció que se ha producido una “vulneración de los derechos de toda la ciudadanía”, con unos procedimientos judiciales “dudosos” y unos “posibles intereses particulares” que han podido influir en la decisión final de los magistrados.