Registros en la Autoritat Catalana de la Competència por el “caso 3%”

La Guardia Civil acudió ayer a buscar documentación a la sede de la Autoridat Catalana de la Competència (ACCO) y de ocho empresas en una investigación que ha abierto el juez del caso del 3% para acreditar si estas compañías pactaron con la Generalitat para repartirse contratos de obras públicas. Los registros y requerimientos se efectuaron en empresas situadas en las provincias de Barcelona, ??Lleida, Bizkaia y Sevilla. En total, los agentes hicieron nueve registros en las sedes de ocho compañías implicadas y también en trece despachos profesionales.

La Guardia Civil requirió a Infraestructures.cat, como órgano licitador y adjudicador, que entregase diez expedientes objeto de investigación, y a ACCO para que aporte la relación de sus actuaciones sobre el entramado de empresas supuestamente involucradas en esta trama por las adjudicaciones de concursos relativos a Gestión de Infraestructuras (GISA), Infraestructures de la Generalitat, Agencia Catalana del Agua, Regs de Catalunya, Consorcio de Aguas de Tarragona y Aigües Ter-Llobregat.

El juez investiga una trama de empresas que presuntamente se repartían contratos de la Generalitat

La nueva línea de investigación reforzaría a Gordó como “conseguidor”

“Se trata de una inspección domiciliaria que hicimos a empresas de ingeniería recientemente”, explicó el director general de la ACCO, Marc Rialp, que precisó que la Guardia Civil podría haber tenido acceso a esta información mediante un escrito de requerimiento, pero que por causas que desconoce ha preferido hacerlo de forma presencial.

La investigación está abierta por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partido político, blanqueo y malversación.

Los agentes también se personaron en la sede en Barcelona de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Catalunya, el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA, Ayesa Ingeniería y DOPEC SL. Además, requirió información en Sener, en Getxo (Bizkaia), sobre su participación en la construcción del AVE en Catalunya.

A partir de estos correos, la Guardia Civil comprobó que determinadas empresas privadas, “en connivencia con el sector público de la Generalitat”, se habrían beneficiado del reparto de varias licitaciones públicas.

Las empresas acordaban la cantidad de las ofertas que se deberían presentar para excluir las compañías competidoras. Los investigadores constataron diversas citas entre empresarios y adjudicatarios para dirigir numerosos expedientes de contratación pública.

A raíz de la documentación intervenida ayer en la sede de la ACCO y en las empresas bajo sospecha, los investigadores esperan acreditar que se celebraron varias citas entre empresarios y responsables de Infraestructures.cat y con figuras clave del caso del 3 %, como el extesorero de CDC Andreu Viloca o el exconseller de Justicia Germà Gordó.

De hecho, según las fuentes, tras analizar el funcionamiento de este entramado los investigadores concluyeron que la mayor parte de las empresas bajo sospecha formaban parte del pacto y recibieron correos electrónicos con instrucciones para adjudicarse los contratos.

Además, los investigadores no descartaron que se pueda acabar identificando a un ente o político que coordinase las instrucciones de direccionamiento de contratos públicos y que, supuestamente, su objetivo fuera financiar irregularmente a CDC.

En este sentido, las fuentes apuntaron a que esta nueva línea de investigación podría complementar el papel de Gordó como “conseguidor” de contratación pública.