Más de cien profesores y catedráticos de derecho rechazan la rebelión y la sedición

Más de 120 catedráticos y profesores de derecho rechazaron ayer en un manifiesto las acusaciones de rebelión y sedición por el “procés”. El texto, bajo el título La banalización los delitos de rebelión y sedición, lo publicó ayer eldiario.es. En el manifiesto, los catedráticos y profesores avisaron de que la interpretación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes independentistas “abre la puerta a la banalización” de estos dos delitos “prácticamente inéditos en democracia y con un pasado de triste recuerdo “. Los académicos también lamentaron que la Fiscalía “convierta en delito el ejercicio de derechos fundamentales” como son la reunión y la manifestación. Según el ministerio público, el plan de la jornada del 1-O contemplaba la utilización de “la violencia necesaria” mediante el cuerpo de los Mossos d’Esquadra y de manifestaciones “tumultuarias” de Òmnium y ANC. El texto fue promovido por los catedráticos de derecho penal de las universidades de Jaén, Castilla-La Mancha y Granada, Guillermo Portilla, Nicolás García Rivas y María Luís Maqueda; y los profesores de Derecho Penal de las universidades de A Coruña y Valencia, José Ángel Brandariz y Javier Mira Benavent. También se sumaron al manifiesto catedráticos de Derecho Penal de diversas universidades como Manuel Cancio (Universidad Autònoma de Madrid), Jacobo Dopico (Universidad Carlos III), Luigi Foffani (Universidad de Mòdena), Patricia Laurenzo (Universidad de Màlaga) o Joan Queralt (Universitat de Barcelona). Los académicos ven la petición de penas, que llegan a los 25 años de prisión en el caso de la fiscalía y 12 en el caso de la Abogacía del Estado, como una consecuencia del uso inadecuado de los delitos de rebelión y sedición y señalan que es “altamente cuestionable” en base al principio de proporcionalidad. En paralelo, el presidente de la Organización Mundial contra la Tortura, Gerald Staberock, ha enviado una carta a la fiscal general, María José Segarra, y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para exigir la libertad “inmediata e incondicional” de los Jordis.

Las investigaciones se derivaban de una instrucción que dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se investigara a los alcaldes que habían cedido equipamientos municipales para el 1-O, en la que adjuntaba un listado de 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència, habían aprobado poner a disposición del Govern sus locales.