La Justicia no imputará a Aragonès por el 1-O pero actuará contra Jové

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya abrió ayer una investigación contra Josep Maria Jové, exnúmero 2 de Oriol Junqueras en la conselleria de Economía, por los delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave. En este sentido, el alto tribunal catalán le considera miembro del “comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern” para conseguir la independencia de Catalunya. Además, los magistrados defienden que los indicios recabados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona son lo suficientemente sólidos como para apuntalar su supuesta relación con la hoja de ruta unilateral. Igualmente, subrayan que, como secretario general de la conselleria de Economía, tenía una “eventual responsabilidad” en relación con los fondos que, directa o indirectamente, las arcas públicas catalanas destinaron para organizar el 1-O. Por el contrario, el TSJC descartó imputar al actual vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, por estos mismos hechos. Aragonès ocupaba, en el otoño del año pasado, el cargo de secretario de Economía del Executiu de Carles Puigdemont. No obstante, los magistrados advirtieron que esta negativa a investigarle es provisional. Así, no pondrán el foco en él “por ahora”, con lo que dejaron abierta la puerta a investigarle más adelante si la causa que se sigue en el 1-O en el juzgado número 13 de Barcelona encuentra nuevos indicios contra el también adjunto a la presidencia de ERC. En otro orden de cosas, la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión provisional desde el 16 de octubre del año pasado, presentó la semana pasada sendos escritos para pedir la recusación del magistrado Manuel Marchena que, a priori, presidirá el tribunal que juzgará en el Supremo a los líderes independentistas, y del resto de magistrados que formarán parte del órgano judicial. Entre otros puntos, se basa en la reciente doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que se afirmó que Arnaldo Otegi no había tenido un juicio justo por el caso Bateragune. También alude a los whatsapps del popular Ignacio Cosidó manifestando que el PP controlará “desde detrás” al tribunal del 1-O.

Por su parte, el conseller cesado de Exteriores, Raül Romeva, pidió ayer, en declaraciones a TV3, afrontar el juicio en libertad. Además, dijo que no pedirá “perdón” por defender su proyecto.