Torra califica de “jaula” la Constitución y planta los actos de su cuarenta aniversario

El president Quim Torra no asistirá a los actos de la celebración del 40 aniversario de la Constitución, alegando que el texto es “una jaula” y “una prisión para la libertad de expresión y de decisión de los ciudadanos”. Así lo hizo saber en una carta remitida ayer a los presidentes del Congreso de los Diputados, del Senado, y a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. Torra dijo que el texto “contiene el derecho de autodeterminación” y por ello, añadió que el “veto” impuesto a Catalunya es una “excusa sistemática” de los gobiernos. El vicepresidente, Pere Aragonès, afirmó que los actos “no son nuestro marco de referencia”.

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, afirmó en Lleida que Torra ha perdido “una oportunidad de oro para ser el presidente de todos”, criticando así su negativa a asistir a los actos de la Carta Magna. La líder catalana de Cs, Inés Arrimadas, aseguró que Torra “tiene alergia a los derechos y libertades constitucionales”. Podemos confirmó su asistencia al acto, sin especificar si irá Pablo Iglesias.

El vicepresident también censura celebrar la Carta Magna: “No es nuestro marco de referencia”

Amnistía Internacional “monitorizará” el juicio contra los Jordis para garantizar que sea “justo”

En otro orden de cosas, la Casa Real confirmó ayer que los actos darán especial relevancia al rey emérito, Juan Carlos I, que ha vivido su última polémica hace una semana con la fotografía junto al príncipe de Arabia Saudí, Mohámed bin Salmán.

La vicepresidenta española, Carmen Calvo, dio por hecho ayer que el presidente Pedro Sánchez va a reunirse con Torra el 21 de diciembre, coincidiendo con la celebración de un Consejo de Ministros por primera vez en tierras catalanas. El Govern catalán negó rápidamente que Torra tenga una reunión prevista con Sánchez y propuso que este venga expresamente a Catalunya para ver a Torra y no con motivo de la celebración del Consejo de Ministros.

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El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se opuso ayer a la recusación que la defensa de los soberanistas presos acusados de rebelión remitieron contra él de cara al juicio por el referéndum del 1-O. De esta manera, el magistrado español rechazó salir de dicho proceso judicial alegando que “no tengo ningún interés, ni directo ni indirecto, en el desenlace de una causa penal”. Este es, de hecho, el séptimo intento de recusación al presidente del Supremo.

Asimismo, Marchena negó haber perdido su imparcialidad tras ser nombrado presidente del Supremo, cargo que rechazó tras la polémica de los mensajes del dirigente popular Ignacio Cosidó. Sobre él, el magistrado se desvinculó comentando que las opiniones del popular vienen de “una tercera persona” y que “no se puede depender de ello para calificar un pacto entre dos fuerzas parlamentarias”.

Por otro lado, el Tribunal Supremo se otorgó 30 días más de prórroga para dictar la sentencia que resolverá los recursos contra la sentencia que condenó al expresident de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por la consulta soberanista del 9-N. Esta decisión se publica justo después de que hayan pasado los diez días fijado por la ley en la que se explica que adopta esta decisión por la complejidad del objeto de estudio y el gran volumen de la documentación.

En otro orden de cosas, la organización Amnistía Nacional envió ayer una carta a la prisión de Lledoners dirigida a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez en la que les informaba que será observadora en el juicio del 1-O. El objetivo de esta decisión es “monitorizar su juicio para garantizar que sea un procedimiento justo y con todas las garantías”. Asimismo, la organización se comprometió a “emprender acciones” desde las oficinas de Barcelona, ??Madrid y Londres que esperan que tengan un “impacto positivo” en la causa del 1-O. Esta es la tercera vez en la que Amnistía Internacional hace presión para que se liberen a los Jordis.