Las defensas reiteran la falta de competencia del Supremo en la apertura del juicio del 1-O

El Tribunal Supremo fue ayer el escenario del prólogo del juicio a la cúpula independentista por el 1-O. La vista para dilucidar las cuestiones previas sirvió para que, por primera vez, se viera la imagen de los magistrados que, a priori, decidirán el futuro de Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras, de los miembros de su Govern y de otros líderes soberanistas procesados como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell o las leridanas Ramona Barrufet y Anna Simó, exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana. De hecho, las defensas de todos ellos centraron sus intervenciones en cuestionar la competencia del Supremo para enjuiciar lo que ocurrió en Catalunya entre septiembre y octubre del año pasado, tal y como ya habían planteado en otros momentos anteriores de este procedimiento. Precisamente todos los letrados defensores coincidieron en que el órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia por el referéndum es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), puesto que, a su entender, la totalidad de los hechos tuvieron lugar en territorio catalán. “Los escritos de las acusaciones sostienen que ha habido hechos cometidos fuera de Catalunya, pero después no concretan ninguno”, manifestó la abogada de Forcadell, Olga Arderiu. En la misma línea, Jordi Pina, abogado del diputado de JxCat Jordi Sànchez y de los consellers cesados Jordi Turull y Josep Rull, se preguntó por qué el 9-N se pudo juzgar en el TSJC y el 1-O se ha de ver en Madrid. “Con Mas nadie nos planteamos que la competencia era del Tribunal Supremo”, subrayó. Asimismo, avanzó que si, finalmente, los magistrados no remiten la causa a Barcelona y reafirman su competencia para juzgarla, sus representados solicitarán declarar en catalán.

Por su parte, Andreu van den Eynde, representante de Junqueras y del conseller cesado Raül Romeva, aprovechó también para denunciar que el juicio será un “proceso político” contra el independentismo y afeó que existan “intereses” para que la causa se quede en el Supremo y no vaya al TSJC. Mientras tanto, Marina Roig, abogada del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, criticó que el Estado esté dispuesto a “sacrificar” derechos por la unidad de España. En efecto, la abogada del Estado Lucía Pedreño defendió la competencia del Supremo para juzgar a los líderes del procés porque el 1-O y la declaración de independencia “afectaron” a toda España al ir en contra de la “indisoluble unidad de la nación”. Igualmente, el fiscal Jaime Moreno reivindicó que el alto tribunal es competente en esta causa porque la “diana” del “ataque” del independentismo fue la Constitución.