Los cuatro presos independentistas ponen fin a la huelga de hambre

Los presos independentistas Jordi Turull, Jordi Sànchez, Quim Forn y Josep Rull decidieron ayer dejar su huelga de hambre porque consideran que ya han conseguido sus objetivos.

El anuncio llegó al día siguiente de que lo pidiera el president, Quim Torra, y los expresidents de la Generalitat y del Parlament alegando que “ya han conseguido el objetivo de remover todas las conciencias que se tenían que remover”.

Los presos han podido perder entre un 10 y un 11 por ciento de su peso corporal

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La portavoz de los presos destacó que es la primera iniciativa de esta naturaleza en 40 años, en una “acción excepcional para una situación excepcional”, y remarcó que, mientras que en 370 días de prisión no se ha resuelto ninguno de sus recursos, “en 20 días (de huelga de hambre) han sido cinco los recursos de amparo resueltos”.

Sobre su estado de salud, explicó de que habrá una fase de vuelta a la alimentación bajo estricto control médico y empezando con una dieta líquida, “de modo que es muy posible que sean trasladados a enfermería”.

Los presos se encuentran bien, “con muchas ganas de volver a la alimentación normal”, ya que han perdido entre un 10 y un 11 por ciento de su peso corporal, y, preguntada sobre una posible nueva huelga de hambre durante el juicio, dijo que no está previsto en absoluto.

Los presos independentistas Jordi Turull, Jordi Sànchez, Quim Forn y Josep Rull fueron trasladados a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa “para volver a ingerir alimentos bajo control médico” tras dejar su huelga de hambre.

Entretanto, el Tribunal Constitucional decidió ayer mantener en prisión al exlíder de ANC Jordi Sánchez.

El preso soberanista pidió una vez más su excarcelación al tribunal de garantías y alegó en esta ocasión la reciente condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a Turquía.

madrid

El Tribunal de Cuentas investiga al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern por el presunto desvío de unos ocho millones de recursos económicos para el referéndum del 1-O, según confirmaron ayer fuentes del órgano contable. Las pesquisas tienen su origen en un escrito presentado esta misma semana ante el órgano fiscalizador por el jefe del Ministerio Público ante dicho órgano, Miguel Ángel Torres, al que se suma el interpuesto por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

La responsabilidad contable se exige por la Fiscalía al expresident, a la interventora de la Generalitat Rosa Vidal y respecto de otras 17 personas, entre los que se encuentran exmiembros del Govern en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) como Oriol Junqueras y también los que dimitieron en julio de 2017.

El documento fiscal no fija una cantidad concreta de gastos a reclamar ni incluye un listado de los mismos como tal, ya que según fuentes consultadas en este momento se activa una fase preliminar de la investigación contable, en espera de información que aún debe remitir el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La cantidad a reclamar se conocerá cuando tras finalizar la instrucción se redacte el acta de liquidación.

Paralelamente, Puigdemont y los diputados suspendidos por el Supremo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez han presentado una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por “vulneración” de derechos. Así lo explicaron desde Ginebra, Puigdemont; el abogado internacional que lleva el caso, Nico Krisch; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la diputada de la CUP Maria Sirvent y el expresidente del Parlament Ernest Benach.

El Parlament , a favor del derecho a decidir pero sin vía unilateral El Parlament aprobó ayer varias propuestas de resolución de los grupos soberanistas en las que se reitera el posicionamiento de la Cámara en favor “del derecho de autodeterminación” de Catalunya y también el apoyo a los presos, aunque rechaza la “vía unilateral”. JxCat y ERC consiguieron aprobar sus dos propuestas de resolución del pleno monográfico sobre lo ocurrido los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las llamadas “leyes de desconexión”, aunque sin embargo perdieron una votación sobre la vía unilateral de acceso a la independencia presentada por los comunes. En las resoluciones aprobadas también se indica que ha tenido lugar “una ruptura de la legitimidad democrática y la lealtad institucional, a partir de la sentencia del TC sobre el Estatut de Catalunya votado en referéndum, y la intervención de las instituciones catalanas” mediante la aplicación del artículo 155. La Cámara catalana expresa el compromiso de “defensa de la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados”, así como su voluntad de “preservar estos derechos por medio de todos los órganos rectores del Parlament”.