El Gobierno de Sánchez declara su rechazo a la ejecución de Companys

La reunión del Consejo de Ministros, que se celebró en medio de las protestas en toda Catalunya, sacó adelante una declaración de rechazo y condena al consejo de guerra que decidió el asesinato del president de la Generalitat Lluís Companys durante el franquismo y aprobó el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat para que pase a denominarse Josep Tarradellas.

Unas decisiones que demuestran, según fuentes de Moncloa, “el compromiso con una política de reconocimiento de algunos de los símbolos más importantes de la historia catalana reciente”.

Sobre Companys, el texto rechaza y condena el consejo de guerra donde se decidió su ejecución en el Castell de Montjüic en 1940, pero no supone la anulación del juicio. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, explicó que para anular el juicio es necesario un cambio legal que debe aprobar el Congreso de los Diputados. De hecho, recordó que la Cámara Baja está en la actualidad tramitando una proposición de ley en ese sentido.

La anulación del juicio a Companys fue una de las condiciones que ERC puso este verano para apoyar la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

También, el Consejo de Ministros aprobó dos acuerdos por los que se autoriza a Catalunya a otorgar garantías que cubran operaciones financieras por un importe máximo de 48,7 millones de euros. Casi 31 millones se destinarán a subsanar las garantías concedidas por Catalunya sin haber tenido la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.

Paralelamente, el Consejo de Ministros, aprobó el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros en 2019, acordado con Podemos.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, subrayó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “es la mayor subida desde el año 1977” y aseguró que el aumento del 22,3 por ciento del SMI beneficiará a dos millones y medio de trabajadores, el 56 por ciento de ellos mujeres.

Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer la subida salarial lineal de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25 por ciento ligado a la evolución del PIB y otro 0,25 por ciento procedente de fondos adicionales.

El Gobierno autorizó también una línea presupuestaria de 350 millones de euros en tres años (2019-2021) dirigida a la formación de ocupados en todo el Estado, aunque también podrán participar desempleados siempre que no superen el 30% del total de participantes en cada curso.

Por otra parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un acuerdo para autorizar el Programa Nacional de Reasentamiento 2018, por el que se ofrecen 1.200 plazas para reasentar refugiados durante el próximo año.

En este sentido, subrayó que está en juego el modelo de ciudad: “Eso pasa por un cambio de la legislación estatal, y tenemos el compromiso de Sánchez”, celebró la alcaldesa.

Colau y Sánchez abordan la regulación de los alquileres La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordaron ayer crear una Comisión Bilateral entre el Gobierno y el ayuntamiento de Barcelona –como prevé la Carta Municipal de la ciudad– y la posibilidad de que las ciudades puedan regular la subida de los precios abusivos de los alquileresen el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En declaraciones a la prensa tras reunirse con Sánchez, Colau destacó que el encuentro se celebró en un tono “constructivo y propositivo” que empezará una nueva etapa en relación a la ciudad después de la recentralización del Ejecutivo del PP, dijo.