Las pensiones suben un 1,6% en enero y crece la cotización máxima y la de autónomos

El Gobierno celebró ayer el último Consejo de Ministros del año con un marcado componente económico en el que, entre otras cosas, se prorrogó el Presupuesto de 2018 con un gasto de 316.822 millones de euros, aunque prevé presentar un proyecto propio. Aprobó la subida de las pensiones en un 1,6% a partir de enero, aunque en el caso de las mínimas la revalorización será de un 3%. Sin embargo, no ha derogado el mecanismo de revalorización anual impuesto por el PP en su reforma de las pensiones de 2013 y que permitía que estas prestaciones solo se incrementaran en un 0,25% al evolución de la evolución del IPC. Moncloa prevé que los pensionistas ganen poder adquisitivo, ya que trabaja con la hipótesis de una inflación del 1% para el año que viene. Además, aprobó elevar del 56 al 60% la parte de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad, lo que beneficiará a las personas de 65 años o más que no perciban ingresos por trabajo u otras pensiones.

Moncloa dio luz verde a la mejora de la protección de los autónomos, pactada con el colectivo esta semana junto con una subida de las cuotas (de 67 euros anuales en el caso de las mínimas). Incluye la ampliación de la prestación del cese por actividad y el cobro por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja, entre otras cosas.

La base reguladora para calcular estas pensiones sube al 60% para los mayores de 65 años

Cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia debe comunicarlo

También en el ámbito de la Seguridad Social se sube del 36 al 40% el recargo sobre la cuota empresarial para los contratos de duración igual o inferior a cinco días. Además, la base de cotización máxima para el régimen general se sube un 7 por ciento, hasta un tope de 4.070,10 euros mensuales el próximo año.

En el marco laboral se facilita que los convenios colectivos contemplen la llamada jubilación forzosa, una demanda surgida de la negociación colectiva para poder extinguir el contrato de trabajo a quienes lleguen a la edad de jubilación siempre que tengan derecho al cien por cien de la pensión.

El Consejo de Ministros también derogó en su última reunión del año el complemento salarial de 430 euros para jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil, pactado en los Presupuestos de 2018 entre el Gobierno del PP y Ciudadanos. Eliminó el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, vigente desde la reforma laboral de 2012, utilizado por autónomos y pymes con menos de 50 trabajadores, bonificado fiscalmente y con un periodo de prueba de un año durante el que no se paga indemnización por despido.

Asimismo, contratos e incentivos vinculados a una tasa de paro superior al 15 por ciento y se establece la vigencia indefinida del subsidio extraordinario por desempleo hasta que se implemente un nuevo marco de protección para las personas sin trabajo.

Así lo afirmó después de que un informe de la delegación del Gobierno en Madrid, difundido este viernes por varios medios de comunicación, desaconseja que los restos mortales del dictador Francisco Franco sean enterrados en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid aduciendo por razones de seguridad y de orden público contra esta inhumación.

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El Gobierno amplía el inicio del plazo de prescripción de los delitos sexuales más graves contra menores desde los 18 años actuales hasta que la víctima cumpla 30 y perseguirá cualquier forma de violencia contra los niños, como el maltrato físico y emocional, incluyendo los castigos físicos o el trato negligente. La mitad de las víctimas de delitos sexuales en España son niños y sólo el 15 por ciento de esas agresiones se denuncian. A esa vulnerabilidad de los menores se une el hecho de que el agresor está en su entorno en el 85 % de los casos.

Aprobó ayer el anteproyecto de ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. La norma teje un red de protección con medidas preventivas para crear espacios seguros para los niños en los ámbitos donde se desarrolla su vida -escolar, ocio, deporte o familia- y otras legislativas para perseguir los casos, garantizando el interés superior del menor. Cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor debe comunicarlo, a los servicios sociales, a la Policía o cualquier autoridad. Los colegios tendrán protocolos para la prevención, detección y actuación ante casos de violencia, así como con un coordinador de bienestar y protección encargado de vigilar su aplicación. También se desarrollarán protocolos en los ámbitos sanitarios, deportivos y de ocio.

Para evitar que prescriban los delitos sexuales más graves, se amplía el inicio del plazo de prescripción de los 18 años actuales hasta que el denunciante tenga 30 años.