Aragonès defiende que la causa contra ex altos cargos por el 1-O puede quedar anulada

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Pere Aragonés, cree que existe la “sospecha fundada” que la causa del 1-O se adjudicó “a dedo” al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Señaló que hay una “presunta vulneración del sistema de reparto” porque el juzgado 13 era el que estaba de guardia el día después de que se presentó la denuncia originaria de la causa. Según Aragonés, si se admite el recurso que presentaron ayer cuatro ex altos cargos del anterior Govern, toda la instrucción se declararía nula y no se podría utilizar en el juicio del Supremo.

Mientras, la decana de Barcelona, Mercè Caso, ve un “error importantísimo el planteamiento” del recurso y defendió la adjudicación del caso. Desde 2014, precisó, cuando un asunto no corresponde a un juzgado de guardia de incidencias porque los hecho de la querella no se han producido en sus 24 horas de guardia ni en las 72 anteriores, “el juzgado de guardia lo envía a reparto a decanato de forma aleatoria”. Así, defendió la “limpieza absoluta” del proceso porque lo hace un sistema informático, y también respaldó la instrucción realizada por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre.

Esta polémica coincidió ayer con la entrega de despachos a la 68 promoción de la carrera judicial, esta vez en Madrid pese a que la escuela esté en Barcelona. El rey Felipe VI aprovechó su intervención para, en vísperas del juicio en el Tribunal Supremo a los exmiembros del Govern por el 1-O, subrayar la “plena legitimidad” e independencia del poder judicial en España y considerar que el respeto a sus resoluciones es una condición indispensable “en cualquier democracia que se precie de serlo”. El monarca, una vez más, ensalzó el valor del texto constitucional y remarcó la separación de poderes el Estado.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en funciones, Carlos Lesmes, pidió en el mismo acto junto al monarca a los nuevos jueces que defiendan “el carácter irrenunciable” del imperio de la ley fijada en la Constitución.

barcelona/madrid

“No podemos dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar a este Gobierno es mucho peor con el PP, Cs y la extrema derecha”. Así lo afirmó ayer en una entrevista la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, que se encuentra en prisión preventiva. Aunque no es partidaria de aprobar los Presupuestos del Estado, añadió que “por ahora un ‘no’ rotundo a los Presupuestos, tampoco lo diría”.“Si quieren aprobarlos, que hagan un gesto, el que sea, pero que lo hagan”, reclamó. Este llamamiento de Bassa coincidía con el anuncio por parte del Ejecutivo central de que llevará la próxima semana al Congreso su proyecto de Presupuestos, que en febrero, previsiblemente en la primera semana, se someterán a su primer examen en la Cámara Baja.

Desde el Govern, su portavoz, Elsa Artadi, recalcó a Sánchez que ya han presentado al Estado en diferentes formatos su propuesta política a favor de la autodeterminación y que siguen esperando del Ejecutivo central una “solución política” para negociar los Presupuestos, aunque están “muy lejos”. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Executiu, Artadi señaló que “entrar en la negociación” de las cuentas depende de que “el presidente Sánchez ponga una solución política, que no la ha puesto” sobre la mesa.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señaló que su formación no ha mantenido ninguna negociación con el Gobierno central sobre los Presupuestos y que se enteró por los medios de la decisión de Pedro Sánchez de llevar el proyecto este viernes al Consejo de Ministros.

Mientras, Pedro Sánchez dijo en una entrevista que “los que abogan por el 155 quieren perpetuar la crisis en Catalunya” y que espera alcanzar un acuerdo sobre el futuro de las pensiones en el primer semestre del año.