Generalitat y Moncloa acuerdan crear una mesa de partidos para favorecer el diálogo

La reunión de ayer entre el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, y la vicepresidenta del Ejecutivo central, Carmen Calvo, en Madrid acabó con el compromiso de ambas partes de impulsar una mesa de diálogo “entre partidos” que actúe en paralelo a las comisiones bilaterales Estado-Generalitat. No obstante, en el comunicado conjunto emitido al término del encuentro, ambos Gabinetes reconocieron que esta nueva iniciativa todavía está “por concretar”. En este sentido, para lograr una mayor concreción, habrá una nueva reunión entre Aragonès, Artadi y Calvo la próxima semana en Barcelona. Con todo, fuentes de La Moncloa puntualizaron que serían formaciones catalanas las que integrarían esta mesa para favorecer el diálogo, que actuaría también en el marco del Estatut. Asimismo, la propia Calvo sostuvo que es necesario hacer frente al problema catalán con “políticas” pero advirtió de que la negociación con la Generalitat se ha de circunscribir a los “problemas reales” de la ciudadanía. “La Generalitat tiene que entender que su día a día es Catalunya y los problemas de Catalunya”, manifestó.

Por otra parte, Aragonès y Artadi aprovecharon la reunión con Calvo para trasladarle el malestar de la Generalitat por las 16 detenciones practicadas por la Policía Nacional el miércoles en relación con las protestas del 1-O del año pasado. Fuentes del Govern de Quim Torra explicaron que la número 2 de los socialistas en el Ejecutivo central respondió que los arrestos eran una cuestión que le competía al Consejo General del Poder Judicial y no al ministerio del Interior. “Esta justificación nos parece inaceptable y esperamos más explicaciones”, replicaron desde la Generalitat. De hecho, el Govern anunció ayer mismo que va a presentar una denuncia por un presunto delito de detención ilegal contra la actuación de la Policía Nacional en relación que los arrestos que practicó el miércoles en las comarcas de Girona. A este respecto, decenas de alumnos de la Universitat de Girona pasaron todo el día de ayer encerrados en la Facultad de Educación y Psicología para evitar otra posible detención. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avaló la actuación de los agentes de la Policía Nacional y defendió que las detenciones fueron ordenadas por un juez de Girona que investiga el corte de las vías del AVE. Estas declaraciones de Marlaska contradicen las manifestaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el miércoles señaló que las detenciones fueron impulsadas por la Policía Nacional. Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, calificó de “escándalo” los arrestos del miércoles, así como el diputado del PDeCAT Carles Campuzano.

Aragonès, Artadi y Calvo se reunirán otra vez la semana que viene para concretar en qué consistiría dicha mesa

Decenas de personas pasan el día encerradas en la Universitat de Girona para evitar otro posible arresto

BARCELONA

Human Rights Watch (HRW) criticó ayer la “falta de respuesta” del Estado español a la petición que esta ONG efectuó hace un año para que Madrid investigara el uso “excesivo y desproporcionado” de la fuerza policial durante el 1-O. Así, Kartik Raj, investigador de HRW en Europa, lamentó que “ningún policía haya sido condenado por el uso excesivo de la fuerza” contra los votantes del referéndum. Todo ello, el mismo día en el que Amnistía Internacional remitió un escrito al Tribunal Supremo para solicitar que los magistrados habiliten un espacio para observadores dentro de la sala de vistas en la que se desarrollará el juicio del 1-O. La entidad, en este sentido, quiere supervisar de primera mano que el procedimiento se desarrolla correctamente.

En relación con el juicio a la cúpula del procés, la defensa del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, impugnó ayer un vídeo aportado por la Fiscalía con imágenes del 20-S que, a su entender, “están manipuladas”. Mientras tanto, el Supremo acordó no actuar contra la directora de la cárcel de Lledoners por autorizar al conseller cesado de Territorio, Josep Rull, a visitar a su hijo en el hospital a principios de este mes.