?PROCÉS? TRIBUNALES
Torra califica de “razia” los arrestos de Girona y denuncia a la Policía
Los agentes detuvieron a 16 personas, entre ellas a los alcaldes de Verges y Celrà, de la CUP || El juez no ordenó las detenciones y la causa ya estaba archivada
El President Quim Torra, en una imagen de la semana pasada.
El president de la Generalitat, Quim Torra, denunció ayer a la Policía Nacional por los presuntos delitos de detención ilegal y usurpación de atribuciones por los 16 arrestos que se practicaron la semana pasada en las comarcas de Girona en relación con los cortes de las vías del AVE en el primer aniversario del referéndum del 1-O. Entre los detenidos se contaba a Ignasi Sabater y a Dani Cornellà, alcaldes de Verges y de Celrà, respectivamente, y ambos de la CUP. Torra ya había anticipado horas antes en la sesión de control al Govern en el Parlament que interpondría la denuncia, calificando de razia la actuación policial. Asimismo, el president instó a la delegada del Gobierno en Catalunya, la leridana Teresa Cunillera, a dar explicaciones de lo sucedido ante el Parlament. “Si conocía estos hechos hubiera tenido que dimitir, y si no los conocía, también”, sostuvo Torra.
En paralelo, ayer se supo que el juzgado de instrucción número 4 de Girona no ordenó los arrestos practicados por la Policía Nacional la semana pasada. Así, según avanzó TV3, los agentes informaron al juez que iban a detener a “15 o 20 personas”, pero sin especificar quiénes eran. Además, la Policía Nacional investigó por su cuenta, ya que las funciones de policía judicial en este caso las estaban desempeñando los Mossos d’Esquadra. A este respecto, estas mismas fuentes señalaron que la causa por los cortes en el AVE en Girona en el aniversario del 1-O había sido ya archivada al no poder la Policía catalana identificar a los responsables.
Mientras, los estudiantes que llevaban una semana en la Universitat de Girona para evitar el arresto de una independentista en relación con los mismos hechos abandonaron ayer el encierro.
El presidente del tribunal que juzgará a la cúpula del procés, Manuel Marchena, confirmó ayer que el juicio comenzará “en fechas próximas” al 5 de febrero. Asimismo, se baraja que el traslado de los presos a Madrid sea entre el 2 y el 3 de febrero, según fuentes judiciales. Los hombres irán a la cárcel de Soto del Real y las mujeres, a la de Alcalá Meco. En otro orden de cosas, el Supremo hizo ayer pública la sentencia del 9-N en relación con el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau. En ella, remarcó que “no existe derecho a votar en una consulta convocada al margen de la ley”.
BARCELONA
El conseller cesado de Interior, Joaquim Forn, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, anunció ayer que se presenta como candidato a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Después de semanas de rumores, el también exteniente de alcalde de la ciudad condal cuando Xavier Trias era primer edil dio un paso al frente y manifestó que concurre a los comicios “para ganar” y construir un equipo “integrador, solvente y transversal” para dirigir Barcelona.
Tras el anuncio, la hasta ahora candidata a la alcadía por el PDeCAT, Neus Munté, expresó su total aval a la decisión de Forn. “Contigo al frente, trabajaremos con más fuerza para construir una mejor candidatura”. Además, insistió en la unidad independentista de cara a las municipales y dijo que es un “error” que ERC rechaze sumarse a una lista unitaria. También el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, se felicitó por la decisión de Forn. No obstante, evitó concretar si el número 2 de la candidatura lo ocupará Munté.
El alcaldable de ERC, Ernest Maragall, celebró la “valentía” del conseller de Interior en el Govern de Carles Puigdemont. Mientras, la primera edil de la ciudad, Ada Colau, dijo que hará todo lo posible para poder debatir con Forn en “igualdad de condiciones”. Carina Mejías, de Cs, por contra, calificó la decisión de intento de “alimentar la burbuja del procés”.
La Audiencia de Barcelona ha ordenado la reapertura de la investigación por el despliegue policial ante la sede de la CUP que se produjo el 20 de septiembre de 2017, mientras se estaba efectuando el registro en la conselleria de Economía, que provocó la manifestación de miles de independentistas ante el edificio y sirvió de base para acusar y encarcelar al entonces líder de la ANC, Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. En este sentido, los magistrados han estimado parcialmente el recurso interpuesto por la CUP y consideran que los agentes pudieron incurrir en un delito de coacciones. Así las cosas, han solicitado que sea imputado el jefe del operativo.
La Policía Nacional acabó retirándose de las puertas de la sede de la CUP después de más de seis horas de despliegue sin entrar el local. A este respecto, se limitaron a requisar material de propaganda relativa al referéndum del 1-O a varios militantes que lo estaban cargando en un vehículo.
