Comienza el juicio al 'procés' soberanista, el más importante de la democracia

El próximo día 12 comienza el juicio por el 1-O, el más importante de la democracia. El Estado acusa al anterior gobierno catalán de alzarse de forma violenta contra la unidad de España. Lo más complicado para las acusaciones será probar la violencia. Los acusados dicen que el Estado se la ha inventado para criminalizar el independentismo.

Todo empezó en las sesiones del 6 y el 7 de septiembre de 2017 en el Parlament. Se aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica hacia la independencia, que fueron declaradas ilegales por el Constitucional. El tribunal alegó que las dos leyes vulneraban la Constitución y el Estatut. Pese a ello, el anterior Govern siguió adelante con la celebración del referéndum del 1 de octubre y animó a los ciudadanos a participar en él. Estos hechos constituyen, según la Fiscalía, un delito de rebelión por cuanto fueron un alzamiento público y violento contra la unidad de España. Para las acusaciones la clave del juicio estará en probar la violencia. Solo una vez se ha juzgado un delito de rebelión en España desde 1975, y fue con el golpe de estado de Tejero. En aquel caso, la violencia estaba muy clara: hubo armas, disparos y tanques. El juez Llarena, instructor del caso 1-O, ha llegado a equiparar en sus autos la violencia del 23-F con la que él vio en el referéndum. Si la Fiscalía no puede probar la violencia, el delito de rebelión caerá. La abogacía del Estado cambió la rebelión por sedición: alzamiento público y tumultuoso para impedir la aplicación de leyes. El cambio coincidió con la llegada al gobierno de Pedro Sánchez en sustitución de Rajoy. En el caso de la sedición, la clave está en el término ‘tumulto’. El entonces ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, preparó el terreno tras las movilizaciones del 20-S ante la sede de Economía al calificarlas media docena de veces de “tumultuarias” en una rueda de prensa.

A partir del día 12, y durante meses, se sentarán en el banquillo por supuesta rebelión los ex miembros del Govern Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes cívicos Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Fiscalía les pide 156 años. Ellos acusan al Estado de inventarse la violencia para criminalizar el independentismo y de no respetar la separación de poderes. Jamás se habían hecho estas acusaciones a la democracia española, y menos aún por parte de gobernantes elegidos por dos millones de personas.