La Fiscalía: "Es un juicio en defensa de la democracia"

El fiscal Javier Zaragoza ha afirmado este miércoles en la segunda jornada del juicio del "procés" que éste es "un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional" y ha advertido que "nadie está por encima de la ley y actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune".

"Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas", ha señalado el fiscal del Tribunal Supremo en respuesta a los alegatos que desplegaron ayer las defensas de los 12 líderes independentistas, que plantearon el juicio como una causa general contra el independentismo que vulnera derechos fundamentales.

"Nada más lejos de la realidad", ha dicho Zaragoza frente a las afirmaciones de que lo que se va a juzgar en este procedimiento es "la capacidad de la democracia española para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana", como señalaron algunas defensas.

Es más bien, según el fiscal, "un juicio en defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978".

Afirmar que los acusados están siendo juzgados por sus ideas "es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos", ha señalado Zaragoza, quien ha insistido que en esta causa "no se persigue una ideología que puede ser defendida en un sistema democrático" sino unas acciones por las que se trató de "imponer un determinado planteamiento político a los demás".

Zaragoza ha recalcado que el ejercicio de los derechos políticos no justifica sustituir la Constitución por una "legalidad paralela", "imponer coactivamente un proceso de segregación territorial", desobedecer de forma "reiterada, sistemática y contumaz" al Tribunal Constitucional y "llamar, incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos han protegido urnas y centros electorales sabiendo que se les abocaba al choque violento".

Y ha recordado el caso de la consulta del 9N, por la que fue inhabilitado el expresident Artur Mas, en la que se pretendieron ejercer los derechos políticos al margen de las leyes y se vulneraron los derechos del resto de ciudadanos que no intervinieron en el proceso, una "mayoría social silenciosa de Catalunya, que representa casi un 60 % del censo electoral que no participó en esa votación".

Por eso, ha dicho el representante de la Fiscalía, "a nadie debe extrañarle que la Justicia penal reaccione" ante acusados que "violan las normas más elementales de la convivencia y lo hacen mediante la ejecución de actos de enorme gravedad que suponen una grave agresión al orden constitucional".