Las defensas denuncian vulneración de derechos al arrancar el juicio del 'procés'

El juicio más importante de la historia de la democracia reciente arrancó ayer en el Supremo con los doce líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados que, entre otras cosas, insistieron en denunciar vulneración de derechos fundamentales. Además, buena parte de las defensas pusieron en duda la imparcialidad del tribunal.

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó se sentaron ayer por primera vez en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio más importante de la historia de la democracia reciente. La primera jornada del juicio en el Supremo, que se espera que dure tres meses y en el que la Fiscalía pide unas penas totales de 177 años de prisión, arrancó con las llamadas cuestiones previas presentadas por los abogados defensores. Aunque con un tono diferente en función de los letrados, algunos de ellos con marcado cariz técnico más que político, planearon dos ideas mayoritarias: la vulneración de derechos de los acusados, que salvo los tres últimos que están en libertad condicional, han pasado más de un año en prisión, y las dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Las dudas comienzan por el propio presidente del tribunal, Manuel Marchena, después de que fuera propuesto por el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el propio Supremo y un polémico whatsapp del popular Ignacio Cosidó, en el que decía que con él “controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás”. Con esta polémica, Marchena se retiró de la carrera por dirigir el CGPJ.

El abogado del exvicepresident Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, fue el primero en intervenir y afirmó que esta causa “atenta contra la disidencia política”. “Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”, afirmó. “Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos”, manifestó.

Cuestionó que se diga que la causa no tenga una vertiente política porque la primera resolución del juez instructor Pablo Llarena, en la que se decidió el ingreso en prisión de Carme Forcadell, se decía que no había una solución pacífica para el conflicto en Catalunya: “La autodeterminación es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo”, aseveró. Si bien indicó que en este procedimiento se ha llevado a cabo el “derecho penal del enemigo”, recordando una de las frases que, según dijo Van Den Eynde, escuchó al exmagistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco: “Hacer justicia es mantener la civilización”.

El abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del exconseller Josep Rull pidió a los magistrados que “hagan de jueces” y “no de salvadores de la patria”. Así lo reclamó Jordi Pina, que comenzó su alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde Marchena hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena. “Hay una apariencia de falta de imparcialidad” y “Europa nos dice que las apariencias son muy importantes”, aseveró, haciendo alusión a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Arnaldo Otegi en la que dictó que no había tenido un juicio justo. Ana Bernaola, en representación del exconseller Jordi Turull, se adhirió a todas las manifestaciones de Pina e instó la suspensión del juicio hasta que no esté a su disposición toda la prueba documental. El abogado del exconseller Joaquim Forn, Javier Melero, insistió en la necesidad de que se cite como testigo al que fuera ministro del Interior en el momento de los hechos enjuiciados, Juan Ignacio Zoido. También pidió que este proceso se acumule al que se ha instruido en la Audiencia Nacional contra mandos de los Mossos por su actuación en el 1-O, entre ellos Josep Lluís Trapero. La abogada Olga Arderiu, que defiende a Carme Forcadell, pidió la expulsión de su representada del procedimiento porque únicamente se le imputan actuaciones que estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria. Benet Salellas, el abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, advirtió que este procedimiento supone una “derrota colectiva de la sociedad española” porque “se opone a la esencia propia del Estado de Derecho” y “criminaliza” derechos fundamentales como el de expresión y el de reunión. Por su lado, el abogado de la exconsellera Dolors Bassa, Mariano Bergés, defendió que la rebelión, de la que se le acusa, se dio en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y no en “perseguir la secesión aunque fuese por cauces ilegales”. Por último llegó el turno a los abogados de los acusados no de rebelión sino solo de malversación. El abogado de Santi Vila no entiende la imputación porque dimitió el día antes de la DUI “para marcar distancias”. El de Carles Mundó alegó doble incriminación, porque también está investigado por un juzgado de Barcelona, y el de Meritxell Borràs afirmño que esta no aparece en los documentos que según las acusaciones constituyen la ‘hoja de ruta’ a la independencia.

Duelo de magistrados, fiscales y defensores Siete magistrados forman el tribunal que juzga a los 12 líderes del procés, con Manuel Marchena a la cabeza, que será el encargado de redactar la sentencia. Mientras, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que representan al Ministerio Público en el juicio cuentan con una amplia experiencia. Son Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal. Los Servicios Jurídicos del Estado están representados en el juicio por Rosa María Seoane y Elena Sáenz. Los abogados de la acusación particular que representa Vox son Javier Ortega Smith, secretario general del partido ultraderechista, y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico nacional de esa formación. Mientras, la defensa lo conforman nueve abogados: Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva; Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull; Josep Riba, abogado de Carles Mundó; Javier Melero, abogado de Joaquim Forn; Pau Molins, abogado de Santi Vila; Benet Salellas, abogada de Jordi Cuixart; Mariano Bergés, abogada de Dolors Bassa y Olga Arderiu, de Carme Forcadell.