La Fiscalía sostiene que el juicio supone el “triunfo de la democracia”

Las intervenciones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular acapararon la segunda jornada del juicio a la cúpula independentista por el 1-O. Los tres refutaron los argumentos de las defensas y defendieron que el Supremo acoge un proceso “judicial” y no “político” en el que se están juzgando “hechos” y no “ideas”.

La segunda jornada del juicio a los líderes independentistas por el 1-O en el Tribunal Supremo arrancó con la intervención de los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, que arremetieron contra los argumentos esgrimidos por las defensas de los acusados el martes. Ambos sostuvieron que “afirmar que los dirigentes del procés son perseguidos por sus ideas es una falacia colosal”. En esta línea, Zaragoza subrayó en que el tribunal les juzga por sus “acciones”. Además, insistió en que los hechos que cometieron durante el otoño de 2017 son constitutivos de un delito de rebelión porque, a su entender, desde el principio contemplaron el uso de “métodos violentos” para lograr sus objetivos. A este respecto, el fiscal Cadena añadió que en el Código Penal actual, aprobado en 1995, no se exige para apreciar la rebelión el uso de armas, sino que basta con una conducta violenta. Al hilo de esto, recordó que, en su momento, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta del parlamentarios catalanes de introducir en el texto del Código Penal el requisito de que la rebelión tuviera que ser con armas.

Por otra parte, Zaragoza también insistió en que el Tribunal Supremo no ha sentado en el banquillo a la democracia, sino que, más bien, todo lo contrario. “Es un juicio en defensa de la democracia”, manifestó, a la vez que denunció que las defensas “pretendan transformar en víctimas de persecución a aquellos que han vulnerado el orden constitucional”. Así las cosas, calificó los alegatos de las defensas de “auténticos libelos acusatorios” basados en un relato “alternativo” de la realidad. En sintonía con sus palabras, el fiscal Cadena valoró que la celebración del juicio supone el “triunfo de la democracia”.

La Fiscalía defiende que no existe la soberanía catalana y niega que Catalunya se pueda autodeterminar

Además, el Ministerio Público insistió en negar que Catalunya tenga derecho a la autodeterinación. “No existe una soberanía catalana, la soberanía del pueblo catalán no es posible”, zanjó Cadena, porque, según su planteamiento “no se puede sustituir la soberanía del pueblo español por la de cualquier pueblo que lo integre”. Por el contrario, admitió la existencia del derecho a decidir, aunque puntualizó que corresponde “a todo el pueblo español”. “Unos pocos no pueden decidir sobre lo que es de todos”, reivindicó.

Cadena alabó la instrucción de la causa efectuada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena y reivindicó que en ningún momento se vulneraron ni los derechos políticos de los parlamentarios acusados de rebelión ni tampoco de los ciudadanos de Catalunya que, “en urnas democráticas”, acudieron a votar el 21 de diciembre de 2017 en las elecciones convocadas desde Madrid en aplicación del 155. Asimismo, defendió la prisión preventiva de nueve de los encausados ante el riesgo de fuga. A este respecto, subrayó que, algunos de los acusados, se han puesto “voluntariamente” fuera de la jurisdicción de los tribunales españoles para evitar su enjuiciamiento. Al hilo de esto, el fiscal Zaragoza arremetió contra la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein por haber denegado la extradición a España de Carles Puigdemont por el delito de rebelión. En este sentido, acusó a los magistrados alemanes de incumplir “palmariamente” el marco legal de la orden de detención europea por entrar a valorar el fondo del asunto “asumió las funciones de enjuiciamiento” y generando una “indebida intromisión” en la jurisdicción de los tribunales españoles. Con todo, la Fiscalía también justificó la aplicación del 155 en Catalunya. “Al final se recurrió al 155 porque no existía otra manera de volver a la legalidad”, sostuvo Cadena. De este modo, hizo hincapié en que el “ataque abierto al orden constitucional” solamente pudo ser atajado con la intervención de las instituciones de autogobierno porque “ni Segovia es de los segovianos ni Catalunya de los catalanes independentistas”.