Oriol Junqueras se define como “preso político” y dice que “votar no es delito”

Oriol Junqueras utilizó su derecho a no responder a las acusaciones y solo lo hizo a su abogado en una declaración que arrancó definiéndose como “preso político” y recordando su trayectoria política. Justificó que el referéndum y la declaración de independencia se debieron a la negativa del Gobierno central a negociar y remarcó que “lo seguiremos intentando después del juicio”.

Desde el primer momento, Oriol Junqueras, que se enfrenta a una petición fiscal de25 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación, quiso dejar claro que está “convencido” de que está en un “juicio político” en el que se le acusa por sus ideas y no por hechos.

“Asumí ir a la cárcel y que a lo mejor tenía que pasar un año y medio sin poder hablar”, afirmó el exvicepresident, en prisión desde el 2 de noviembre de 2017, que aprovechó su intervención para lanzar un mensaje: “No somos enemigos de nadie, nos gustaría que nadie nos tuviera como enemigos”, insistió el líder de Esquerra Republicana. Tras “un año y medio de silencio forzado -dijo-”, Junqueras dedicó buena parte de su intervención a negar que el Govern contemplase la violencia como forma de alcanzar la independencia de Catalunya, como ya hizo ante el juez instructor, Pablo Llarena.

“Nunca, nunca, nunca, nunca (...) Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre hemos rechazado la violencia”, dijo el dirigente de Esquerra Republicana, que eludió a pronunciarse sobre la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), considerada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Es por ello que su visión de lo que ocurrió el 20 de septiembre de 2017 en la conselleria de Economía es que hubo una concentración “pacífica, respetuosa, con cánticos”, en la que “se repartían claveles” y “cantaban el Virolai, un himno religioso”, sin abordar los presuntos incidentes que imputa la Fiscalía y que son la base de su acusación por rebelión. Respecto al 1-O, arremetió contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al denunciar que actuaron con una “violencia injustificada, innecesaria y que contradecía el mandato judicial” hasta el punto de que era “absolutamente imposible de imaginar que hubiese una intervención policial de este tipo”, para hacer frente al comportamiento “cívico, pacífico y ejemplar” de la población. Dijo que la obligación del Govern era proteger el derecho al voto y que la Policía buscó la crispación.