Rull critica la “falta de autoridad moral” del TC por “minimizar la autonomía catalana”

La quinta sesión del juicio contra la cúpula del procés en el Tribunal Supremo hizo patente que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han dejado en segundo plano la acusación de rebelión y se centran en demostrar la malversación y la desobediencia. La vista, en la que los fiscales y la abogada del Estado incurrieron en numerosos lapsus y titubeos, arrancó con la declaración del conseller cesado de Territorio, Josep Rull, que, en primer término, y al igual que hiciera el martes el también conseller destituido con el 155 Jordi Turull, protestó por no poder hablar en catalán después de que los magistrados rechazaran la traducción simultánea. Rull denunció la “falta de autoridad moral” del Constitucional y afeó el “uso sistemático” que de esta institución hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para “minimizar la autonomía catalana”. Asimismo, sostuvo que el Govern de Carles Puigdemont agotó “todas las vías posibles que da el Estado para hacer un referéndum” y que “siempre se buscó el equilibrio entre el imperio de la ley y el principio democrático”. Rull aseguró que la Generalitat apostó por el referéndum porque se tenía la “convicción” de que no era constitutivo de delito. En relación con el 1-O, reiteró que no se gastó “ni un euro público” y afirmó que “nunca me habría imaginado que la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegarían aquel nivel de violencia contra gente pacífica”, en alusión a las cargas que efectuaron contra los votantes. Rull manifestó que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 fue una declaración “política, formal y solemne”. Por otra parte, también criticó a la Fiscalía por emplear términos como “‘tumulto, turba, muchedumbre o masa” para referirse a las personas concentradas ante la sede de la conselleria de Economía el 20-S. “Para mí fue el ejercicio del derecho a manifestación”, dijo. Rull también sostuvo que habría sido “irresponsable” permitir que el barco Piolín, que alojaba a parte de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil destacados en Catalunya por el 1-O, atracara en el puerto de Palamós porque ello hubiera “hipotecado de forma severísima” la actividad de cruceros. Al hilo de esto, subrayó que le parecieron “muy mal” los escraches a los agentes alojados en un hotel de Reus “pero también los policías saliendo con sus porras reglamentarias”. Tras Rull, la siguiente en ser interrogada fue la consellera cesada de Trabajo, Dolors Bassa, que insistió en que la convocatoria de un referéndum no es delito. “Había normas internacionales que amparaban su celebración”, dijo, a la vez que dejó claro que “acató” la suspensión decretada por el TC. Además, manifestó que “no era necesario para declarar la independencia. Nunca fue un acto concluyente.