Santamaría afirma que no declararon el estado de sitio para no recortar derechos

La exvicepresidenta del Gobierno central Soraya Sáenz de Santamaría afirmó ayer ante el Tribunal Supremo que “no sabe” si la declaración de independencia del 27 de octubre se publicó. La letrada de Carmen Forcadell, Olga Arderiu, fue quien le lanzó la pregunta después de que ella en un momento del interrogatorio afirmara que una decisión de un gobierno “no tiene efectos jurídicos si no se publica”. Durante el juicio, todos los acusados ??se han limitado a hablar de una “resolución policía” y le han quitado valor jurídico a la DUI por estar sólo en el preámbulo y no haberse votado. Además, han puesto de manifiesto que no se había publicado ni el BOPC ni el DOGC.

A la pregunta de si se planteó en algún momento aplicar el artículo 116 de la Constitución que regula los estados de sitio, alarma y alerta, aparte del 155, Sáenz de Santamaría explicó que el 155 era “la medida más acorde” a la situación, pues el estado de sitio “puede comportar la suspensión de derechos fundamentales”. “Era más oportuno actuar contra quienes habían incumplido gravemente la Constitución”, remarcó.Asimismo, Santamaría afirmó que se había reunido con el exvicepresident Oriol Junqueras en tres ocasiones y que en ninguna de ellas accedió a abordar la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación porque “no es asunto de ningún gobierno”, ya que “la unidad de España recae en la soberanía nacional”.

Sobre la concentración frente la sede de Economía, Santamaría afirmó que hubo “actuaciones violentas” y en los días previos al 1-O se sucedieron las imágenes “de naturaleza violenta” y un “acoso masivo, generalizado y sistemático”. También hizo suya la expresión de la fiscalía y habló de “murallas humanas” durante el 1-O. Aseguró que la Generalitat movilizó a los ciudadanos para que “fueran con tiempo” a los colegios electorales.

En este sentido, culpabilizó al Govern de la Generalitat de la violencia en el 1-O y alabó la actuación de la policía estatal. Asimismo, afirmó que el 1-O se difundieron “imágenes falsas para confundir a la opinión pública internacional” y defendió el Estado por ser una “democracia consolidada”.

“No había presupuesto para hacer un referéndum” El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro apuntó ayer ante el Supremo que la Generalitat pudo cometer malversación porque podía “defraudar o engañar” para destinar dinero público a la organización del 1-O, pese al “control total” de las finanzas aplicado por el Estado desde el verano de 2017. “Una cosa es el control contable y otra las investigaciones en los tribunales”, dijo. En este sentido, recordó que desde su ministerio se presentaron hasta siete denuncias por “irregularidades” detectadas.