Los nuevos padres tendrán un permiso de ocho semanas a partir del próximo martes

Los permisos de paternidad y maternidad serán iguales e intransferibles a partir de 2021, según el decreto ley aprobado ayer, que amplía de forma progresiva el de los padres hasta las 16 semanas e incentiva el disfrute igualitario de ambos. De esta forma, el permiso de paternidad pasará a ser de 8 semanas desde la entrada en vigor del decreto, prevista para el próximo martes, y aumentará a 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 y a 16 semanas desde el primer día de 2021, alcanzando en tres años la media que tienen los países de la Unión Europea (UE), explicó la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo.

Este año, los padres deberán disfrutar 2 semanas de permiso inmediatamente después del nacimiento o adopción y las 6 restantes las podrán distribuir hasta que el hijo cumpla un año, en tanto que en 2020, el primer periodo será de 4 semanas, repartiendo las 8 restantes a lo largo del año. En 2021, se equipara plenamente con la maternidad, convirtiéndose ambos en permisos por nacimiento, que incluye parto o adopción y cuidado del menor. De esta forma ambos, padre y madre, deberán cogerse 6 semanas inmediatamente después del nacimiento, y podrán repartir las 10 restantes durante un año.

El BOE publica la resolución que les permite hacer uso de su bolsa de horas para el cuidado de hijos y mayores

Amplía de 3 a 5 años la prórroga del contrato y a 7 si el arrendador es persona jurídica

Estas medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo fueron aprobadas ayer en el Consejo de Ministros. Entre ellas, también se incluye la que impone a medianas y grandes empresas, aquellas con más de 50 trabajadores, la obligación de aplicar planes de igualdad y publicar las tablas salariales de sus trabajadores. En el caso de Lleida, un total de 211 empresas cumplen con estas características y deberán dar constancia de ello, según los datos de 2018 del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El decreto establece un plazo de tres años para que estas empresas elaboren y apliquen un plan de igualdad, dos años para las de entre 100 y 150 empleados y un año para aquellas con más de 150.

Por otra parte, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que confirma que los empleados públicos pueden ya hacer uso de la bolsa de horas. Esta permite dedicar a la atención de hijos o cuidado de mayores un máximo del 5% de la jornada laboral anual (85 horas al año), que se recuperarán en un máximo de 3 meses. Asimismo, el IV convenio del personal laboral en la Administración del Estado fijará un salario mínimo de 1.071,4 euros mensuales (los sindicatos reclamaban 1.200 euros), así como la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial a partir del 1 de enero de 2021, según informó el sindicato CSIF.

madrid

El Gobierno central aprobó ayer el decreto de medidas urgentes en materia de alquiler, que limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado, y que finalmente no contempla la bonificación del 80% del IBI para el alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por el índice de referencia del precio del alquiler.

En concreto, con este real decreto, que amplía a 5 años la prórroga de la duración del contrato frente a los 3 actuales, se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de los alquileres, aunque en este caso no será obligatorio como entonces y solo operará “como máximo”. Esta medida solo será para los nuevos contratos que se suscriban desde la entrada en vigor del real decreto y no tendrá efecto retroactivo. También incluye la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años (o a 7 años si el arrendador es persona jurídica).

Por otro lado, el decreto, que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su inmediata entrada en vigor, incluye la elaboración de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte “a medidas de carácter fiscal”. Este índice de referencia, para cuyo plazo de elaboración el Gobierno se da 8 meses, se actualizará anualmente y será lo más detallado posible.