Policías y guardias civiles creen que Zoido 'se lavó las manos' en el juicio

Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles mostraron ayer su decepción por la comparecencia en el juicio del procés, en calidad de testigo, del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido al considerar que se “lavó las manos” respecto a la ocurrido el 1-O y no hizo una defensa a ultranza de los agentes. Zoido declaró el jueves en el Supremo, donde se desvinculó del operativo policial y de las cargas durante el referéndum del 1 de octubre, un día en el que la Policía actuó de forma “proporcionada” frente al dispositivo “totalmente insuficiente” de los Mossos, que no cumplieron con lo prometido, en su opinión.

Ante su declaración, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, indicó que “alguna responsabilidad tenía que tener el máximo dirigente del ministerio”, pero insistió en la falta de acierto de Interior a la hora de designar a “un militar”, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al frente de la fuerzas de seguridad del Estado y autonómica. “No fue acertado y las consecuencias acreditan que así ha sido”, dijo Cosío. Mientras, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, consideró que la declaración de Zoido fue “decepcionante” al “no asumir su responsabilidad cuando ejercía como ministro en esa época”. Desde la Unión Federal de Policía (UFP), su portavoz, José María Benito, aseguró que la comparecencia “pareció más la de un acusado que la de un testigo” porque, entre otras cosas, estuvo “a la defensiva”. “Nos ha decepcionado”, afirmó.

Juristas internacionales consideran que estas penas extralimitan el Código Penal

La CIJ considera las acusaciones de rebelión y sedición como “una extralimitación” del Código Penal “particularmente” por “la falta de evidencia del uso de la violencia”. Por ello, ve “preocupante” que se lleve al campo del derecho penal un caso “que fue un ejercicio legítimo de opinión y asociación política”. En concreto, Pillay argumentó que “las acusaciones graves” de rebelión y sedición se están aplicando en un caso en el que “aparentemente no ha habido violencia” y que esto “presenta un alto riesgo de vulneración de derechos de libre expresión y reunión garantizados en el derecho internacional”. Asimismo, Pillay se negó a describir el proceso judicial del 1-O como un juicio político y creyó que “hay que dar una oportunidad a los tribunales para aplicar la ley”. “Tenemos que esperar al resultado del juicio”, avisó antes de valorar sobre este aspecto.

“Una condena podría minar el Estado de derecho” La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) alertó ayer de que una sentencia condenatoria en el juicio del 1-O podría “socavar la confianza en el estado de derecho en España”. La abogada y directora de la asociación en Europa, Roisin Pillay, aseguró que si el Tribunal Supremo condena a los 12 líderes independentistas, se enviaría “un mensaje muy desafortunado” y se podría “crear la percepción de que ha sido un proceso político”.