Sánchez lleva la comisión sobre la monarquía al Constitucional

El Gobierno central impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) la creación de la comisión de investigación del Parlament de Catalunya sobre la monarquía. El ejecutivo español considera que la cámara catalana va más allá de sus competencias porque crea una comisión para investigar actividades “delictivas” o “irregulares” de personas vinculadas a la familia real española. La comisión fue aprobada la semana pasada, impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP. La impugnación incorporará la petición para que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución, que supone la suspensión automática de las leyes o decisiones impugnadas por el Ejecutivo español en el momento en que el TC admita a trámite el escrito.

El ejecutivo español ya solicitó al Consejo del Estado que emita su informe sobre el recurso que presentará en breve al registro del TC. El Ejecutivo presenta el recurso por los mismos motivos en que lo ha hecho en dos ocasiones anteriores, en el que ha llevado al Constitucional la reprobación del rey por parte de la cámara catalana y una moción que reforzaba la declaración de noviembre de 2015. La impugnación se presentó pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expuso que la moción del Parlament no constituía “objeto idóneo para su impugnación”. El recurso buscará conseguir una suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional, que dejará sin efecto el acuerdo para la creación de la comisión. Según fuentes de La Moncloa, el recurso argumentará que el Parlamento ha ido más allá de sus funciones al pretender investigar actividades de personas relacionadas con la monarquía. “No es competente”, afirman estas voces del ejecutivo español.

El TC inadmite el recurso de Urdangarin contra su condena

El Tribunal Constitucional inadmitió ayer el recurso de amparo presentado el pasado noviembre por el exduque de Palma Iñaki Urdangarin contra la condena a 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nóos. Señala que el recurso carece de especial trascendencia constitucional para ser admitido conforme establece la ley. La pena se le impuso como responsable de delitos de prevaricación continuada y malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales, pero pide que se le anule únicamente respecto a la malversación.