Cinco Consellerías encargaron formalmente material electoral para el 1-O

Cinco Consellerías de la Generalitat encargaron formalmente 5,6 millones de tarjetas censales y 56.000 certificaciones para mesas electorales el 1-O, como así acreditan las notas de entrega a Unipost con el sello oficial que generaron diversas facturas, si bien tan solo una se intentó cobrar. Un guardia civil ha asegurado en el juicio del "procés" que existen cinco notas de entrega con el sello original de salida de cada uno de los cinco departamentos, que constituían el pedido oficial de la Generalitat para este servicio a esta empresa postal.

Los encargos de Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales eran para repartir las 56.000 cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y las 5.346.734 tarjetas censales.

Dichos encargos entraron en el sistema de contabilidad de Unipost, que a su vez generó una secuencia de facturas que quedaron en suspenso en cuatro de las cinco consellerías, salvo en Trabajo. Aquí, la secuencia informática generó una factura final que se intentó cobrar a esta consellería, si bien fue rechazada en dos ocasiones por ese mismo departamentos: una por un error en la numeración de la factura y otra por un operario. Ninguna se pagó.

El agente ha explicado que existió una petición a Unipost en base a un contrato marco para que se repartiera todo este material electoral y aunque no se materializó porque la Justicia intervino, esa gestión sí que generó un compromiso de gasto, que está aun pendiente y que asciende a 979.661,96 euros.

En el juicio, el exconseller Jordi Turull aseguró que no hubo "ningún encargo ni ninguna adjudicación" ni se habló "absolutamente con nadie" para encargar material electoral. No obstante, un directivo de Unipost reveló en la vista oral que acudió un sábado de septiembre a un polígono de Barcelona a un encuentro con unos "transportistas" que le entregaron tres palés con las miles de certificaciones de mesas electorales con el logotipo de la Generalitat y sin albarán, si bien la empresa aceptó recepcionar el encargo al tratarse de "un cliente de esa envergadura". Este y otros empleados de Unipost afirmaron que no supieron que esas cartas eran para el referéndum hasta el registro judicial, el 19 de septiembre, si bien precisaron que la empresa no facturó nada por no existir orden de trabajo ni albarán, lo que entra en contradicción con lo manifestado hoy por el agente, que habla de diversas facturas, entre proforma, definitivas y anuladas.

Además, un informe reciente de la Guardia Civil entregado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona señala que un ex alto cargo del Govern consensuó con el responsable de Unipost Pau Raventós (que está imputado) una guía sobre cómo actuar si las autoridades les pedían explicaciones sobre los encargos del 1-O, en que valoraron como clave destruir pruebas, como las imágenes de cámaras de seguridad.