El segundo de Montoro admite que no hay pruebas de malversación

La declaración de Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Hacienda de Cristóbal Montoro abrió ayer la sexta semana del juicio por el procés. La fiscal Consuelo Madrigal interrogó a Martínez sobre el control que ejercia sobre las cuentas de la Generalitat. El exalto funcionario respondió a preguntas sobre la fiabilidad de los controles que se impusieron a los gastos en Catalunya entre 2015 y 2017, periodo en el llegaron a ser de carácter semanal. Afirmó en el Tribunal Supremo que en noviembre de 2015 en el Parlament se establecieron medidas de control por que había un “motivo económico” para hacerlo y afirmó que la Generalitat pudo burlar el control que se le impuso en 2017. Según Martínez Rico, era un sistema de intervención común que se realizaba en diferentes organismos públicos y “persiguen hacer una certificación de gastos, pero no son la realidad material de los hechos”, que es “más compleja” y reconoció que los sistemas “llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen”. La fiscal también le pregunto si se podría haber eludido el control de contrataciones irregulares, a lo que el testigo contestó que siempre que sea contraria a las pautas de contratación del sector público se puede hablar de contratación irregular, sea esta certificada o no, y en este caso quedaría “fuera del margen de control”. Pese a no recordar las certificaciones concretas referidas a determinados gastos realizadas en relación con la empresa Unipost, en la que la Guardia Civil incautó material para el 1-O, reconoció que otra cosa diferente es que la información que se remitía fuese completa y exacta e hizo alusión a las siete denuncias que se remitieron desde Hacienda al ministerio Público, que puso todos los instrumentos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto en Catalunya, y añadió que cosa diferente es como se ajustara a la realidad.