La polémica de los lazos llega a los tribunales con querellas cruzadas de Torra y la Fiscalía

La polémica en torno a la presencia de lazos amarillos y demás símbolos independentistas en los edificios de la Generalitat ha llegado ya a los tribunales. De este modo, tanto la Fiscalía Superior de Catalunya como el president de la Generalitat, Quim Torra, interpusieron ayer sendas querellas en relación con esta cuestión. El Ministerio Público presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya una querella contra Torra por no haber acatado las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) que le instaban a retirar la simbología relacionada con los presos y las esteladas de las sedes de las instituciones de autogobierno. Aunque finalmente, y después de que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se lo recomendara, el president procedió a quitar los símbolos, el escrito firmado por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, sostiene que Torra procedió “deliberadamente a desatender” los requerimientos de la JEC manteniendo los objetos aunque fuera de manera encubierta o simbólica a través de elementos de la misma naturaleza ideológica y partidista que, a su entender, no representan al conjunto de la sociedad catalana. Horas después, Torra salió al paso de la querella de la Fiscalía, a la que calificó como una forma de “represión”, y anunció la interposición de otra, esta vez contra los integrantes de la JEC, por un presunto delito de prevaricación en las resoluciones que obligaban a la retirada de los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat. Además, avisó de que llevará la cuestión de los lazos “hasta donde haga falta”.

Tras conocerse ambas querellas, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, subrayó que las instituciones “funcionan”, a la vez que circunscribió la querella del fiscal dentro de la normalidad. Por contra, el candidato de JxCat el 28-A por Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, denunció que esta acción del Ministerio Público persigue la “inhabilitación” de Torra. En la misma línea, la portavoz parlamentaria de ERC, Anna Caula, dijo que la querella es “un paso más en la represión y en la la judicialización de la política”. Mientras tanto, la JEC lanzó un nuevo ultimátum contra la Generalitat. De esta forma, dio un plazo de 24 horas para retirar el lazo amarillo de la fachada de la sede del Govern en Londres, que finalmente se quitó. No obstante, autorizó al mantenimiento de la nueva pancarta que luce en el balcón del Palau de la Generalitat, en la que se lee “Llibertat d’opinió i d’expresió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans”.

La Generalitat acata la orden de la JEC y retira el lazo amarillo de la sede del Govern en Londres

El documento propone reformar la Ley Orgánica de referendos o introducir cambios en la Constitución

BARCELONA

El Institut d’Estudis d’Autogovern, que depende de la Generalitat, ha elaborado un informe en el que propone dos vías para conseguir un referéndum acordado con el Estado en el marco de la legalidad española. El documento, dado a conocer ayer y que será entregado al president de la Generalitat, Quim Torra, aboga por impulsar desde el Parlament la reforma de la Ley Orgánica sobre la regulación de las distintas modalidades de referéndum, aprobada en 1980. En este sentido, la Cámara catalana propondría al Congreso de los Diputados que acometa modificaciones en esta norma para que contemple la posibilidad de celebrar un referendo en Catalunya “sobre el futuro colectivo del país”. La segunda de las vías que plantea este documento, titulado Democràcies i referèndums d’independència. El cas de Catalunya, consistiría en impulsar, también desde el Parlament, una reforma de la Constitución que añadiera a la Carta Magna española una nueva disposición adicional que facilitara la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. El informe señala que, cualquiera de estas dos vías, demostrarían la “buena fe” de Catalunya a la hora de resolver el conflicto con el Estado. También contribuirían a incrementar la legitimidad de las instituciones catalanas en el mundo y ayudarían a encontrar apoyos más allá del independentismo. No obstante, el documento admite que, optar por este camino, equivaldría a romper con la hoja de ruta independentista que pivota en torno al 1-O, fragmentaría el espacio del soberanismo y pondría en riesgo el autogobierno ante una posible recentralización estatal.