CORRUPCIÓN POLÍTICA
La Guardia Civil vincula a Esperanza Aguirre con la trama de la Púnica
Estuvo presente en reuniones en las que se amañaron contratos públicos con un empresario imputado, afirma || Sin dejar claro cuál fue su nivel de implicación
![La expresidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.](https://imagenes.segre.com/files/image_large/uploads/2023/09/09/64fc1ec65ef53.jpeg)
La expresidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en diversas reuniones junto a otros exdirigentes del Partido Popular en las que se acordó favorecer con contratos públicos a una empresas de publicidad relacionada con la trama Púnica que habría elaborado material electoral del partido en las campañas de 2003 y 2007. El informe, de más de 200 páginas, analiza las relaciones comerciales que “la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas de la comunidad” mantenía con sociedades del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Concluye que el Gobierno de Aguirre utilizó la propaganda electoral con el “objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones sufragandolo con fondos públicos”.
Mercado, imputado en el caso Púnica y en el caso de la financiación irregular del PP balear en la etapa de Jaume Matas, fue el beneficiario de estas irregularidades, recibiendo contratos por una valor de más de 7,4 millones de euros, contratos para los que el Ejecutivo de Aguirre se vio obligado a modificar diversas leyes autonómicas en 2006. Según el informe, el propio empresario y el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, en sus declaraciones ante el juez, situaron a Aguirre en dichas reuniones aunque no dejó del todo claro qué papel jugaba la expresidenta en el amaño de los contratos, afirmando que “nunca” habló con ella del pago de los trabajos. Sí confirmó que otros implicados en la trama sabían que sus empresas no iban a facturar los trabajos de las campañas electorales y que se compensarían con adjudicaciones públicas.