“Los policías sacaban a votantes de Bienestar Social de Lleida el 1-O dándoles patadas”

La sala del Tribunal Supremo escuchó ayer por primera vez el testimonio de 17 ciudadanos que votaron en los colegios electorales durante el referéndum del 1-O y que estaban presentes durante las cargas policiales que se produjeron, entre los que se encontraban dos de Lleida, el abogado Ramon Antoni Forteza y la candidata de ERC en las municipales en Lleida Jordina Freixenet, que votaron en el departamento de Benestar Social y en el centro de votaciones de Alcarràs respectivamente. También declararon el secretario general del sindicato SAP de los Mossos, Pere García y el exdirector del Servei Català de Salut, David Elvira.

Los testigos, solicitados por la defensa de los acusados, relataron las “únicas agresiones que se produjeron” durante la jornada fueron efectuadas por la policía y que los votantes sólo estaban “ejerciendo su derecho a protestar” de una manera “pacifica” y que las cargas que se efectuaron fueron “desproporcionadas”. Los testimonios, entre los que se encontraban diversos alcaldes, también aseguraron que no recibieron “ninguna proclama del Govern” para que fueran a votar y aseguraron que de parte de la Generalitat solo recibieron información sobre el referéndum. Estas declaraciones entran en conflicto con el relato que en sesiones anteriores dieron miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en las cargas en diferentes puntos de Catalunya para impedir las votaciones.

“Reventaron puertas” de colegios y solo se llevaron “material escolar” y “alimentos para celíacos”

“Empezaron a sacar gente, me cogieron dos policías y rápidamente me llevaron al otro lado. Vi golpes y a gente a la que cogían por el pelo. Estuvieron sacando a la gente de forma bastante violenta y entraron dentro”, declaró Santiago Valls, uno de los votantes de la escuela Nostra Llar de Sabadell. Uno de los testimonios más crudo fue el de Joan Pau Salvadó, que relató que de “un ambiente muy tranquilo y de emoción” se pasó a “palizas” y “cabezas abiertas”. “Daban golpes en el hígado, en la barriga, en las partes bajas, y cuando se agachaban de dolor les abrían la cabeza. Vi gente llorando, gritando, con miedo”.

En Lleida, el abogado Ramon Antoni Forteza explicó que recibió “golpes” por parte de la Policía cuando “intentaba asistir el derecho de personas que estaba detenidos dentro” del centro de votaciones del departamento de Benestar Social de la ciudad y que agentes sacaban a la gente de la puerta “dándoles patadas”. La número tres de ERC a las municipales de Lleida, Jordi Freixanet, declaró que en el centro de votación de Alcarràs, los agentes “no intercambiaron ninguna palabra” antes de empezar con las cargas y que “pararon las cargas” cuando aparecieron las cámaras de Antena 3.

Por su parte, el líder sindical de los Mossos, Pere García, aseguró que el cuerpo “tenía claro que acatarían” la orden judicial para impedir las votaciones y que el exconseller de Interior Joaquin Forn desvinculó al cuerpo de cualquier “iniciativa política” y que se “deja claro en el acta” de la reunión que mantuvieron el 14 de setiembre de 2017 con el conseller.

La consellera de Salud acredita 1.066 heridos el día del referendo La consellera de Salud, Alba Vergés, aseguró ayer en el Tribunal Supremo que ha quedado “más acreditado que nunca” que los 1.066 heridos del 1-O “existieron”. Lo valoró después de escuchar la declaración del que era director del CatSalut, David Elvira, que defendió que los datos de los heridos se extrajeron del registro de los servicios públicos y que en el constaba el número de heridos que fueron atendidos por diferentes lesiones durante la jornada del referéndum y entre los que solo se encontraban 12 representantes de los cuerpos de seguridad y que eran imposibles de falsificar. Vergés respaldó la tarea de los profesionales y detalló que tanto el informe como las bases de datos se entregaron al Estado cuando las solicitaron en aplicación del 155. Según Vergés, hay que destacar que el Estado “no cuestionó nunca los datos” y, además, puso de relieve la llamada que hizo el secretario general del ministerio el mismo 1-O para ofrecer colaboración en el departamento. “La ayuda habría sido dejar de hacer cargas”, manifestó en las puertas del tribunal, donde también defendió a los votantes.