El Supremo considera que Puigdemont puede ir a las europeas pero delega en el juzgado

El Tribunal Supremo ordenó ayer a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que sean ellos los que resuelvan de inmediato si el expresident Carles Puigdemont puede concurrir a las elecciones europeas el 26-M, aunque les recordó que en Puigdemont “no concurre causa de inelegibilidad”. El TS extendió la decisión a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí (los tres residen en el extranjero) y dejó claro que la competencia para conocer sobre los recursos contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que les excluyó de la lista europea de JxCat, corresponde a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Por unanimidad, el TS ordenó a los juzgados competentes de Madrid que resuelvan de inmediato esos recursos, “teniendo en cuenta que en los señores Puigdemont i Casamajó, Comín i Oliveres, señora Ponsatí i Obiols, a juicio de esta Sala, no concurre causa de inelegibilidad”. Dos de los siete magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera, Segundo Menéndez y Antonio Jesús Fonseca-Herrero, decidieron no participar en la deliberación al ser miembros de la Junta Electoral Central. En el auto, el TS considera que tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí, “en cuanto ciudadanos españoles tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo”. Recuerda que el artículo 6.2 de la Ley Electoral establece la “inelegibilidad” en el supuesto de que los candidatos estén condenados por sentencia. “Entre las (causas) que allí se prevén no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentra los recurrentes”, asegura el TS, por lo que entiende que Puigdemont, Comín y Ponsatí no deben ser excluidos de su derecho a presentarse a unas elecciones, un derecho que recoge el artículo 23 de la Constitución.

Puigdemont dijo que su candidatura “ha ganado por primera vez en campo contrario”. Dio por hecho que el juzgado avalará hoy la postura del TS y dijo que la decisión de la JEC ha sido “un intento vergonzoso” de detener un proceso electoral. La Fiscalía de Madrid ya se mostró el viernes contraria a la decisión de la Junta Electoral.

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El president de la Generalitat, Quim Torra, felicitó ayer a Puigdemont, Comín y Ponsatí por la decisión del TS, que consideró una “victoria”, pero lamentó a la vez el “festival” de los tribunales españoles, que se trasladan entre sí la decisión antes de resolverla, opinó. “Han ganado”, dijo Torra sobre Puigdemont y los exconsellers. El president, que asistió también a la asamblea de la ANC, definió como “aberrante” la decisión de la Junta Electoral Central y añadió que confía en que el juzgado de Madrid resuelva hoy el contencioso en la línea marcada por Fiscalía y el Supremo. A la vez, la candidata de JxCat al ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, pidió que España “deje de hacer el ridículo en Europa”.

Por su parte, la número dos de la candidatura del PP al ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, declaró que ve “preocupante y cuanto menos sorprendente” que la Fiscalía “se ponga del lado de un fugado de la justicia”. “Este señor no vive en Catalunya y quiere representar los intereses de los catalanes. Que se presente por Waterloo, allí hace más vida últimamente”, dijo, y consideró que el Tribunal Supremo da un “mensaje preocupante”.

La asamblea general de la ANC aprobó ayer por unanimidad su hoja de ruta para 2019 y 2020, que defiende una declaración unilateral de independencia (DUI) si el independentismo obtiene más del 50 % de los votos en las próximas elecciones al Parlament. La ANC cree que un referéndum pactado es “ingenuo” y que una consulta forzada por algún organismo internacional es poco probable. La “vía unilateral” es lo que ve “más probable”. Carles Puigdemont aplaudió esta decisión, mientras que la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, manifestó que se trata de “otra hoja de ruta con un objetivo nítido: la independencia”. Añadió que esta opción es el resultado del “duelo del octubre de 2017, de esa victoria en el referéndum no materializada en una república objetiva”.