El exsecretario de Infraestructuras defiende que nadie pidió autorización para el 'Piolín'

El exsecretario de Infraestructuras y expresidente de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ha defendido en el Supremo durante el juicio del 'procés' que el Puerto de Palamós no recibió ninguna petición formal para atracar el barco Moby Dada (conocido como 'Piolín') y que, sin embargo, no cumplía los requisitos operativos para permitir atracar. Ha asegurado que nadie comunicó que era un buque de Estado y que, por el contrario, sólo tuvieron "un comentario" del consignatario que pedía permiso para atracar 20 días para reparar cabinas. Y ha asegurado que no hay precedentes de autorizar atracos para reparar cabinas y tampoco para usos de buque-hotel en este puerto. Estas explicaciones coinciden con las que dio en su día el exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

La defensa de Josep Rull -ejercida por Jordi Pina- ha interrogado a Ricard Font (actualmente presidente de Ferrocarrils) sobre por qué no se autorizó el atraco del 'Piolín' el día 19 de septiembre de 2017 en Palamós (Baix Empordà). Según Font, no hubo ninguna petición formal de atraco y sólo un "comentario" para pedir estar en el puerto durante 20 días para reparar cabinas. Y, por lo tanto, nadie utilizó el aplicativo reglado para solicitar atraco (y que depende de puertos del Estado).

Ha explicado que en aquellas fechas tenían reservadas escalas hasta nueve cruceros que habían reservado el espacio desde hacía un año. Y ha argumentado, pues, que operativamente no lo podían permitir.

También ha dicho que en ningún caso se usó una disposición adicional de la Ley de puertos que permite al ministro de Fomento pedir directamente el atraco de un barco por "causas de interés general" y que, en este caso, habrían sido "obligados" a atracar el puerto. Pero ha insistido en que no se produjo ninguno de estos supuestos y, por eso, no se permitió en el barco entrar en el puerto y se quedó fondeando fuera.

Rull sólo se da por "informado"

Según ha dicho, tuvo conocimiento al día siguiente a través de los medios de comunicación de la polémica del fuselaje y de que, realmente, era para alojar policías. Y ha afirmado que, en caso de haberse comunicado que era un fuselaje de Estado, la autoridad portuaria habría autorizado la entrada.

Sobre el papel que jugó Rull en este episodio, ha dicho" que simplemente se le explicó la situación y se dio por informado.

268.000 euros en daños en los colegios

Por otra parte, la secretaria general del Departamento de Educación, Núria Cuenca, ha declarado en relación a las actividades que se hacen fuera del horario lectivo en los centros y como se regulan. Ha sido citada por la defensa de Jordi Turull y Josep Rull para intentar contrarrestar el relato de la fiscalía sobre las actividades que se hicieron durante el fin de semana del 1-O. Cuenca ha explicado que son los ayuntamientos los que tienen que autorizar que se puedan hacer actividades a las escuelas fuera del horario lectivo si es de su propiedad, y que la misma Ley de Educación de Cataluña (LEC) promueve que se hagan actividades "de carácter social, cultural o deportivo".

Además, Cuenca ha cifrado en unos 268.000 euros los daños provocados por las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil la jornada del 1-O. El 2 de octubre del 2017, el departamento cifró los desperfectos en 314.000 euros.