Torra avisa de que pagará 'el precio que haga falta' por defender la libertad de expresión

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareció ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en calidad de investigado por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y demás simbología independentista de los edificios y sedes del Govern. Unas 200 personas se concentraron a las puertas del Palau de Justícia del Passeig Lluís Companys de Barcelona para arropar al jefe del Executiu que, antes de sentarse ante los magistrados, manifestó que “con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias”. La vista, que duró unos 45 minutos, se celebró a puerta cerrada. Según fuentes de la defensa de Torra, el president explicó ante el tribunal que mantuvo los lazos en defensa de la libertad de expresión y de los derechos políticos, y se negó a responder a las preguntas de Vox. En cambio, sí que contestó a cinco preguntas formuladas por la Fiscalía. Tras abandonar el edificio, Torra, al que se le señala por un presunto delito de desobediencia, se trasladó al Palau de la Generalitat. En una comparecencia ante los medios, denunció las “maniobras políticas” de la JEC y acusó al máximo órgano de la administración electoral de “parcialidad manifiesta”. “No puedo obedecer una orden ilegal que conculca los derechos fundamentales”, sostuvo el president en referencia a la orden de quitar los lazos de la Generalitat. Asimismo, advirtió de que pagará “el precio que haga falta” por defender la libertad de expresión.

En paralelo, el TSJC solicitó al Síndic de Greuges los informes que elaboró y en los que recomendaba a Torra acatar el mandato de la JEC y retirar la simbología independentista durante la campaña electoral.

Mientras tanto, partidos y entidades soberanistas denunciaron la “represión” y “regresión democrática” del Estado. “Nos acercamos al franquismo”, alertó Pep Cruanyes, vicepresidente de la ANC.

La defensa de Forn afirma que los presos saldrán libres tras el juicio Xavier Melero, abogado del conseller cesado de Interior, Joaquim Forn, vaticinó ayer que los líderes independentistas encarcelados saldrán en libertad una vez finalice el juicio contra ellos en el Supremo por los delitos que se les imputan por el 1-O. “El único argumento que les queda para tenerles en prisión es el riesgo de fuga en pleno juicio, así que cuando termine el juicio, este argumento desaparece”, sentenció. Entretanto, Carles Puigdemont señaló que una sentencia absolutoria sería positiva para la imagen del Estado. Mientras, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig, calificó de “impropia” la actitud del tribunal del procés de cuestionar la estrategia del líder de Òmnium, Jordi Cuixart.