Los presos electos en el Congreso y el Senado, los últimos testigos y el inicio de las periciales marcan la semana en el Supremo

La semana del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo arrancará el miércoles con la última sesión destinada a las declaraciones de testigos, la fase más larga de todo el proceso. Las sesiones no empezarán hasta el miércoles después de que el tribunal haya decidido dar permiso a los presos electos para ir el lunes al Congreso y al Senado a presentar las credenciales.

El martes, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez asistirán a la sesión constitutiva del Congreso, y Raül Romeva a la del Senado. Así, la primera sesión del juicio se hará el miércoles, donde están citados a declarar 13 testigos y también está previsto que empiecen las pruebas periciales. Estas incluirán informes de las acusaciones sobre presuntos fondos públicos para el referéndum, otros de las defensas sobre los locales donde se hizo la votación, un informe sobre las lesiones sufridas por los cuerpos de policía estatales, u otro sobre la aportación de Jordi Cuixart y Òmnium Cultural en la resistencia no violenta.

La semana en el Tribunal Supremo será atípica, ya que los permisos dados a los presos que consiguieron escaño a las elecciones del 28-A hará que las sesiones no empiecen hasta el miércoles. Después de una petición de las defensas, el Supremo ha dado permiso a Junqueras, Romero, Rull, Turull y Sànchez para ir personalmente al Congreso y al Senado el lunes para cumplimentar los trámites de presentación de las credenciales y la declaración de actividades y de bienes.

Previamente, ya los había autorizado a asistir a las sesiones constitutivas de las cámaras. El tribunal acordó que pudieran ir a tomar posesión en los hemiciclos, a pesar de oponerse a dejarlos en libertad y también a tramitar la autorización en las Corts (suplicatorio) para continuar con el procedimiento, tal como pedían las defensas. Ahora bien, no ha accedido a la petición de la defensa de Junqueras y Romeva de alargar la salida del martes para celebrar reuniones o ruedas de prensa.

Los cinco presos electos tendrán que ir a los respectivos hemiciclos "debidamente custodiados". De hecho, el Congreso prevé que tengan libertad de movimientos en el hemiciclo aquel día, aunque las puertas que dan acceso a la sala estarán custodiadas por agentes. Mientras tanto, las defensas han presentado un recurso para que el permiso no se limite sólo a las sesiones constitutivas, sino que días antes también puedan hacer los trámites previos en las dos cámaras, como al resto de diputados y senadores, como la presentación de credenciales.

En el caso de Junqueras y Romeva, también han pedido poder hacer reuniones de trabajo y asistir a compromisos de comunicación pública y prensa.

La primera sesión del juicio de la semana será el miércoles y arrancará con la declaración de los últimos 13 testigos, que completarán la lista de unos 500 que han pasado por el juicio en las últimas semanas. Todos ellos estaban citados inicialmente para el lunes, pero el permiso dado a los presos para ir a las cámaras a presentar las credenciales ha retrasado la comparecencia. Se trata de testigos pedidos por las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

A petición de la expresidenta del Parlamento, comparecerá Jordi Martínez, que forma parte del Departamento de Comunicación del Parlamento y por haber presenciado parte de los hechos de los que es acusada Forcadell. También fue secretario de la ANC de abril del 2012 a mayo del 2014. Además, la misma defensa ha pedido la comparecencia de Ricard Gené, que formó parte del secretariado de la entidad independentista durante el tiempo que Forcadell fue presidenta.

También declararán como testigos, a petición de la exconsellera Dolors Bassa, al director general de Acción Cívica y Comunitaria de la Generalitat de Catalunya. Además, está prevista la declaración de la jefa del Servicio de Programación y Dinamización de Actividad de la Generalitat, Rosa Maria Sans, en relación con la autorización de actividades lúdicas el 1-O a centros cívicos, y del director general de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo, Enric Vinaixa, por su conocimiento de la convocatoria y tramitación de la huelga del 3 de octubre del 2017 y los servicios mínimos que se dictaron.

Por la defensa del exconseller de Justicia Carles Mundó comparecerán como testigos la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, que está procesada por el 1-O por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona; el exdirector de Servicios del Departamento de Justicia, Àngel Cortadelles; la jefa del servicio de Gestión Presupuestaria de la Dirección de Servicios del Departamento de Justicia, Immaculada Baucells, y la jefa del servicio de Contratación de la conselleria, Sara Molina.

La defensa del esconsellera de Gobernación Meritxell Borràs ha solicitado la declaración como testigos de la directora de Servicios del departamento en el periodo que Borràs ocupó el cargo, Josefina Valls, y el abogado jefe de la conselleria en el mismo periodo, Xavier Uriós.

La lista de testigos la cerrarán dos pedidos por la defensa del exconseller de Empresa Santi Vila. Se trata del secretario general del departamento en el momento de los hechos, Pau Villòria, y el director de servicios de aquel momento, Josep Solà, para que expliquen las directrices, acciones y contrataciones hechas por la conselleria para la organización y celebración del 1-O.

Una vez acabados los testigos, empezará la fase de las pruebas periciales. Entre estas, estará la citación de tres funcionarios de Hacienda por parte de la fiscalía para una pericial sobre el presunto uso de fondo públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum. También un informe aportado por la abogacía del Estado de la Intervención General del Estado a solicitud del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Comparecerá su autora, la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General, Mercedes Vega.

Por parte de las acusaciones, también se han pedido técnicos de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio y de Ibertasa para valorar los locales que se utilizaron como centros de votación el 1-O. La fiscalía también ha solicitado la comparecencia de dos agentes de la Guardia Civil para tratar sobre el análisis de los documentos confiscados a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en sus despachos durante los registros del 20 de septiembre del 2017.

La defensa de Junqueras y Romeva ha pedido una pericial médica consistente en un informe sobre las lesiones sufridas por los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha pedido como prueba "filológica" la traducción al castellano de un informe sobre la comisaría de los Mossos d'Esquadra, mientras que la fiscalía ha incluido la traducción de una entrevista del exconseller de Interior.

Por su parte, la defensa de Cuixart ha pedido que comparezcan el doctor en Sociología y profesor de la Universidad de Notre Dame de Indiana (EE.UU.), John Paul Lederach, y el doctor en Historia y licenciado en Sociología, Jesús Castañar, para ratificar un informe pericial sobre "el análisis estratégico del proceso centrado en la aportación de Cuixart y Òmnium bajo la perspectiva de la resistencia no violenta". La defensa, además, presenta este informe como "contraprueba de respuesta en los informes policiales" propuestos por la Fiscalía.

La defensa del presidente de Òmnium y también la de Dolors Bassa también han pedido que comparezcan dos peritos informáticos. Por parte del primero, para ratificar la titularidad y la gestión de la web www.pactepelreferendum.cat. Y por parte de la exconsellera, para ratificar la autenticidad de la reemisión de un correo electrónico masivo enviado antes del 1-O por una dirección general del departamento y la respuesta por correo de las peticiones de centros para hacer varias actividades festivas la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre del 2017.

El abogado de Bassa también ha solicitado una pericial para ratificar un informe sobre el posible valor de uso por arrendamiento de los inmuebles donde se hizo el referéndum del 1-O.