Hacienda insiste en más de 900.000 euros de malversación por el 1-O

El juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo por los delitos que se les atribuyen en relación con el 1-O entró ayer en una nueva fase, la de la prueba pericial, después de que comparecieran los últimos testigos propuestos por las defensas. El momento más polémico de la jornada se vivió, precisamente, al comenzar la exposición del informe elaborado por cuatro peritas de Hacienda y de la Intervención General del Estado. Fue entonces cuando algunas defensas intentaron impugnar el documento alegando indefensión, ya que no tenían conocimiento del contenido del mismo. El tribunal, sin embargo, por unanimidad, rechazó la impugnación porque, a su entender, se hubiera tenido que solicitar antes. Con todo, las cuatro expertas propuestas por la acusación cifraron en, al menos, 917.648,39 euros más IVA el dinero público malversado por la Generalitat en la organización y ejecución del referéndum del 1-O. En este sentido, sostuvieron que, aunque los encargos vinculados con la consulta no fueron pagados por el Govern, exisitió perjuicio para las arcas catalanas ya que, de todos modos, las empresas contratadas por la Generalitat efectuaron el servicio. Así, la perita de Hacienda Carmen Tejera argumentó que el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que el empresario presta el servicio y no en cuando paga la administración.

Por el contrario, Àngel Cortadelles, exdirector de servicios de la conselleria de Justicia durante el mandato de Carles Mundó, defendió que no se gastó ni un euro público en el 1-O porque el propio Mundó indicó con “contundencia” que no se desviara dinero para sufragar el referéndum. Por otra parte, el director general de relaciones laborales de la Generalitat, Enric Vinaixa, aseguró que la huelga del 3-O fue convocada por los sindicatos como protesta a la reforma laboral del PP y la desvinculó del referéndum. “El contenido de la petición sindical tenía relación con la denuncia de derechos laborales”, zanjó, a la luz de que, en el Estado español, los paros políticos no están contemplados en la ley. Mientras tanto, varios académicos y expertos citados por las defensas, así como Ricard Gené, exdirigente de la ANC, insistieron en que la cúpula del procés apostó siempre por la vía pacífica y del diálogo.