TRIBUNALES CORRUPCIÓN
Rodrigo Rato será juzgado por la publicidad de Bankia
Acusado de cobrar 835.000 euros en mordidas por favorecer contratos || Se enfrenta a otros 4 años de prisión y una multa
El expresidente de Caja Madrid y Bankia volverá a sentarse por tercera vez en el banquillo después de que el Juez del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid haya dictado auto de apertura de juicio oral contra él y otras 11 personas por un presunto delitos de corrupción entre particulares por la concesión de contratos a dos empresas de publicidad. Rato habría llegado a cobrar hasta 835.000 euros en comisiones ilegales por favorecer a las empresas Publicis y Zenith con contratos publicitarios de Bankia entre 2011 y 2012. El que fuera vicepresidente del Gobierno entre 1996 y 2004 y en prisión desde octubre por una condena de 4 años y medio por el caso de las Tarjetas Black se enfrenta a otros 4 años y medio de prisión por esta pieza del caso Rato, la primera en ser enjuiciada, y a pagar una multa de 2,5 millones de euros. El juez instructor ha enviado también al banquillo a al ex secretario de Estado de Comercio y ex consejero consultivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella y el que fuera asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, para quienes Fiscalía anticorrupción solicita la misma pena de prisión por canalizar el cobro de comisiones.
Fiscalía pide exculpar a Gallardón al no ver fraude en el “caso Lezo” ? La Fiscalía Anticorrupción ha eximido al que fuera presidente de la comunidad de Madrid por el PP Alberto Ruiz-Gallardón de responsabilidad penal en la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación investigada en el caso Lezo. En un escrito, Fiscalía pide que se levante la imputación en esta pieza de Lezo a 15 personas, entre las que destacan Gallardón y el también expresidente de la comunidad de Madrid Ignacio González. Fiscalía les exculpa al no haber indicios de que, al emitir su voto para la compra, de 73 millones de euros, “conocieran los detalles de la operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría”.