El TS retorna a Batet la decisión de suspender a los presos y avala el cese de Puigdemont

El Tribunal Supremo acordó ayer retornar al Congreso la decisión de suspender o no como diputados a los parlamentarios independentistas que se encuentran en prisión provisional y que están siendo juzgados por un presunto delito de rebelión. Horas después de que la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, se dirigiera al alto tribunal para que emitiera un dictamen sobre el asunto, Manuel Marchena, como presidente de la sala segunda del Supremo, insistió en que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido”. De este modo, la pelota vuelve a estar en el tejado del Congreso.

Batet, que ayer reunió por primera vez a la Mesa de la Cámara baja, encargó, con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos frente a la oposición de PP y Cs, un informe a los letrados del hemiciclo para que se pronuncien sobre cómo procede aplicar la suspensión de funciones como diputado en los casos particulares de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Además, anunció que, de nuevo, el máximo órgano de gobierno del Congreso se dará cita hoy, y se espera que, en base al documento de los servicios jurídicos de la Cámara, la Mesa tome una decisión.En paralelo, el presidente del Senado, Manuel Cruz, en relación a la posible suspensión del senador Raül Romeva, advirtió de que la cuestión “debe ser analiza con mucho cuidado”. Asimismo, sostuvo que no es necesario solicitar un informe al Tribunal Supremo antes de tomar la decisión.

Marchena defiende que el Supremo no es competente para pronunciarse sobre si suspender o no a los presos

En otro orden de cosas, la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal desestimó un recurso presentado por Carles Puigdemont en el que impugnaba el decreto con el que el Gobierno de Mariano Rajoy le cesó como president de la Generalitat el 27 de octubre de 2017, horas después de la declaración unilateral de independencia y de la entrada en vigor del 155. Los magistrados defendieron que, con su actuación, el líder de JxCat “desnaturalizó y devaluó el estatus constitucional y estatutario del president”. “Dejó de actuar desde la lógica y desde las exigencias” de su cargo, concluye la sala y pone fin así al litigio iniciado por la defensa de Puigdemont que, en febrero del año pasado, planteó este recurso al entender que el Ejecutivo popular había infringido la Constitución al utilizar la intervención de las instituciones catalanas para destituir a todo el Govern y a altos cargos de la Generalitat. Con todo, a Puigdemont se le ha impuesto una condena en costas de 3.000 euros.

PP y Cs amenazan con denuncias si los encarcelados no son destituidos

Populares y Ciudadanos elevaron ayer el tono contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por “demorar” la suspensión como diputados de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. En un acto electoral en Gran Canaria, el líder del PP, Pablo Casado, advirtió a Batet de que, si no destituye ya a los “golpistas”, la llevará ante los tribunales por un presunto delito de prevaricación. Además, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, también avanzó que su grupo parlamentario impulsará la reprobación de Batet en el Congreso por intentar “lavarse las manos” y delegar en el Supremo la suspensión. También la diputada de Cs Inés Arrimadas instó a Batet a “dejar de ser la abogada defensora de Junqueras” y a cesar a los cuatro encarcelados. Mientras, el vicepresident, Pere Aragonès, calificó de “anomalía democrática” que Congreso y Supremo se pasen la pelota de la suspensión.