Inusual cara a cara de peritos de acusación y defensa sobre el coste de los locales del 1-O

La última sesión de esta semana del juicio contra los líderes del procés en el Supremo por los delitos que se les imputan en relación con el 1-O estuvo marcada por un inusual cara a cara entre peritos de acusación y de defensa, que se enzarzaron en una discusión sobre el coste de los locales de votación usados para el referéndum. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, hizo comparecer a la vez a dos peritos propuestos por la Fiscalía, con adhesión de la Abogacía del Estado, y otros dos de la defensa de la consellera cesada de Trabajo, Dolors Bassa. Los primeros, Carlos Javier Irisarri y José Manuel Cámara, sostuvieron que la Generalitat se habría gastado unos 900.000 euros en caso de haber tenido que alquilar los 2.259 locales de votación para el 1-O. Esta cifra, fruto de lo que ellos mismos denominaron “ejercicio teórico y estimativo”, resulta de ponderar la superficie de cada inmueble y el tiempo en el que se empleó, un día. No obstante, admitieron que no comprobaron la titularidad de estos locales ni se cercionaron sobre si llegaron a abrir como colegios electorales. Por contra, los expertos de la defensa de Bassa, Jordi Duatis y Joan Güell, defendieron que muchos de los locales incluidos en el informe son de la Generalitat y subrayaron que los inmuebles públicos no pueden ser alquilados. Igualmente, criticaron las superficies reflejadas por los peritos de la Fiscalía, ya que consideraron la total del edificio en el que tenía que estar el colegio y no la particular de la sala en la que se colocó la urna.

Por otra parte, Xavier Crusí y Ferran Caballero, facultativos del Hospital de Sant Pau de Barcelona que comparecieron también como peritos, rebajaron a 33 los agentes lesionados por agresiones durante el 1-O. Además, subrayaron que prácticamente todas las lesiones fueron “leves” y que no hubo ni policías ni guardias civiles heridos de gravedad.

Los peritos del fiscal elevan a 900.000 € el coste de los locales del 1-O y los de la defensa les desacreditan

Mientras tanto, Pau Villòria, exnúmero 2 de la conselleria de Empresa, y Josefina Valls, exdirectora de Servicios de la de Gobernación, sostuvieron que no se tramitó ningún expediente de contratación vinculado con el 1-O y que Carles Puigdemont comentó que el referéndum estaba sufragado por donaciones particulares. Entretanto, Gemma Rigau, experta en gramática del IEC, afirmó que es errónea la traducción al castellano de un documento de los Mossos sobre el referéndum porque el catalán “s’ha de celebrar” se tradujo “literalmente” como “se ha de celebrar” y como “se celebrará”, en base al contexto.