Estrasburgo avala la suspensión del pleno del 9-O en un revés a Forcadell y Puigdemont

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decidió ayer por unanimidad rechazar la demanda presentado por Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la decisión de Tribunal Constitucional de anular de manera preventiva el pleno del 9 de octubre del 2017 en el que supuestamente se iba a hacer una declaración unilateral de independencia en Catalunya.

Los demandantes argumentaban que la decisión de anular el pleno, posterior al referéndum del 1-O, suponía una violación de sus derechos de expresión, reunión y representación, protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero el alto tribunal, con sede en Estrasburgo, ha rechazado que se vulneraran tales derechos y estima que la decisión de TC era “necesaria en una sociedad democrática en particular por el mantenimiento de la seguridad pública, el la defensa de los derechos y las libertades de los demás”. Además recuerda que el 10 de Octubre de ese mismo año Puigdemont declaró la independencia de Catalunya, “dejada a continuación sin eficacia jurídica por el mismo Parlamento”.

Destaca que el pleno fue suspendido por el TC gracias a un recurso presentado por él

Por otra parte, la sentencia también avala la decisión del Tribunal Constitucional entendiendo que con la suspensión del pleno se trataba de “garantizar la protección de derechos y libertades de los parlamentarios en minoría” en el Parlament “ante posibles abusos de la mayoría”, ya que la solicitud de convocatoria fue registrada por los grupos de JxSí y la CUP, que entonces representaban a más del 50 por ciento de la Cámara catalana.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, declaró que el Govern acepta el “revés” a los diputados soberanistas por el pleno celebrado en octubre de 2017, no obstante también reclamó que las resoluciones internacionales que “tengan que venir” en los próximos tiempos, y que está “convencida” de que sí serán “favorables” al soberanismo, sean “aceptadas por parte de los unionistas”, aunque “condenen al Estado español por violación de los derechos fundamentales”.

Por su parte la portavoz del PSC en el Parlament aseguró que la sentencia es un “varapalo al procés y destacó que la celebración del pleno fue suspendido por el TC a raíz de un recurso presentado por el PSC y la respuesta demuestra que se vulneraban los derechos de la ciudadanía. “Desestima y dice que eran nuestros derechos y los de la ciudadanía los violentados”, aseguró.

El Gobierno español también se pronunció respecto a la sentencia de Estrasburgo asegurando que “es un rechazo claro a los argumentos formulados por los independentistas”. El ministro de asuntos Exteriores, Josep Borrell, añadió que esta decisión supone “un respaldo al funcionamiento de la Justicia española y a sistema judicial español”. Un “respaldo muy grande” para el Tribunal Constitucional, dijo.