La abogada del Estado cree que el plan del Govern no preveía violencia

El relato de la violencia, que fue uno de los ejes en los que se apoyó la Fiscalía para mantener las acusaciones de rebelión contra los líderes del procés, protagonizó también una parte significativa del informe final presentado ayer ante el Tribunal Supremo por Rosa María Seoane, que ejerce en el caso como abogada del Estado. Sin embargo, discrepó con el Ministerio Público en relación con la intensidad de la violencia y la premeditación de la misma. En este sentido, Seoane manifestó que, a pesar de que en Catalunya tuvieron lugar en el otoño de 2017 manifestaciones “masivas, públicas y tumultuarias” que tenían como fin “impedir la aplicación de la ley” y en las que se “usó la fuerza”, la violencia no formaba parte del plan trazado por la Generalitat para lograr la independencia. “El uso de la violencia no ha sido un elemento estructural”, defendió Seoane, que se basó en este argumento para justificar el por qué acusa por sedición y no por rebelión. En concreto, en relación con el día del referéndum, Seoane manifestó que los votantes protagonizaron situaciones de “resistencia pasiva”, aunque hizo hincapié en que hubo también “resistencia activa con incidentes más o menos reseñables”. Con todo, y a pesar de estas discrepancias con el Ministerio Público, se adhirió a la tesis de los fiscales de que, para imputar violencia, no hace falta que esta sea física, basta con que se produzca “por intimidación”. Por otro lado, destacó la “capacidad de liderazgo sobre la masa” que exhibieron Jordi Sànchez, entonces líder de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, en las movilizaciones del 20-S.

Por otra parte, la acusación popular, ejercida los ultraderechistas de Vox, animó al tribunal a dictar una sentencia ejemplar contra los independentistas que tenga “efectos disuasorios” para que “nadie más se atreva a atentar contra el orden constitucional”. Por boca de Javier Ortega Smith, que ha sido uno de los letrados ultras que se han sentado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Vox señaló al Govern de Carles Puigdemont y a las entidades independentistas por orquestar “un proceso golpista sofisticado e innovador”.