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PANORAMA

La Fiscalía concluye que la Generalitat dio un “golpe de Estado violento” en otoño de 2017

Señala a Junqueras como “motor principal de la rebelión” y culpa al Govern de Puigdemont de todos los heridos el 1-O || Afirma que el referéndum costó 3 millones de euros a las arcas públicas catalanas

El fiscal Javier Zaragoza, ayer, dirigiéndose al tribunal mientras presentaba una parte del informe final del Ministerio Público.

El fiscal Javier Zaragoza, ayer, dirigiéndose al tribunal mientras presentaba una parte del informe final del Ministerio Público.EFE

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En la recta final del juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas por el 1-O, los cuatro fiscales que han intervenido en las sesiones, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, presentaron ayer el informe final del Ministerio Público en el que concluyen que la Generalitat perpetró un “golpe de Estado” en el que hubo “uso de la violencia” durante los meses de septiembre y octubre de 2017. “Lo que ocurrió en Catalunya fue un golpe de Estado”, sostuvo el fiscal Zaragoza, que colocó a Oriol Junqueras, en aquel momento vicepresident de la Generalitat, como “motor principal de la rebelión”. “El proceso independentista ha sido un ataque al orden constitucional en el que la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional”, razonó Zaragoza, que empleó esta tesis para defender el por qué de la acusación por rebelión. “Por eso no puede ser una sedición”, señaló, a la vez que acusó a los políticos sentados en el banquillo de “haber intentado liquidar la Constitución, atacando gravemente el orden constitucional mediante métodos ilegales, usando la violencia y la coacción”.

Mientras tanto, el fiscal Moreno reprochó a los acusados haber “incitado” a la ciudadanía a enfrentarse con los policías y guardias civiles que trataron de impedir el referéndum del 1-O. A este respecto, Moreno aseveró que este hecho justifica el delito de rebelión porque los miembros del Govern y los líderes de las entidades independentistas eran “conscientes” de que el mantenimiento de la votación provocaría incidentes violentos. Así, culpó a los procesados de los heridos que se produjeron durante la jornada del referéndum, tanto de los agentes lesionados como de los votantes heridos. “Hubo violencia y la violencia que hubo fue suficiente para los objetivos que se habían marcado”, afirmó, a la vez que se refirió a las concentraciones del 20-S como “obstaculizaciones intimidantes y violentas”.

Critican a la Fiscalía por sus ideas “preconcebidas” y por usar tuits para sostener la rebelión

Por su parte, la fiscal Consuelo Madrigal hizo hincapié en la presunta malversación que se atribuye a los acusados y cifró en 3 millones los fondos públicos que sirvieron para sufragar el 1-O. También manifestó que el Govern de Carles Puigdemont actuó como “una organización criminal”. Por último, el fiscal Fidel Cadena se sirvió del discurso de Felipe VI del 3-O para defender que hubo rebelión porque el monarca no apeló “a la paz pública o a la seguridad” sino que centró su alocución televisiva en exhortar a la Generalitat a que acatara la Constitución porque el “bien jurídico protegido” era el orden constitucional.

Las defensas tildan de ’mitin’ el informe de los fiscales Las defensas de los líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados por el 1-O calificaron de “mitin político” el informe de la Fiscalía que se expuso ayer ante el tribunal que juzga a la cúpula del procés. “Es una remisión constante a una hipótesis preconcebida”, sostuvo Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y de Raül Romeva. En este sentido, criticó que el Ministerio Público se remita a “la lectura de tuits” para sostener la rebelión. En la misma línea, Jordi Pina, letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, se preguntó por qué los fiscales recordaron “constantemente” que no hay presos políticos. “Si no es un juicio político, ¿por qué lo repiten tanto?”, señaló. “Es un mitin político con poca rigurosidad de proceso penal”, concluyó. Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, lamentó que la Fiscalía haya perdido “la oportunidad” de posicionarse a favor de los derechos. Por su parte, Jordi Turull, que fue elegido diputado de JxCat por Lleida en las elecciones del 28-A, dijo irónicamente que “pensaba que el mitin de Vox era por la tarde”, en alusión a que los ultraderechistas intervinieron por la tarde mientras que los fiscales ocuparon toda la mañana.

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