Juicio 1-O: visto para sentencia

El próximo miércoles finaliza el juicio por el 1-O, el más importante de la democracia. Fuentes de las defensas valoran para SEGRE los 4 meses de juicio y avanzan que algunas denunciarán la supuesta parcialidad de Marchena. Dos de los 15 abogados que han analizado el juicio para el diario relatan las sesiones que vieron en directo en el Supremo.

Los presos independentistas juzgados en el Supremo llegan el próximo miércoles al final del juicio convencidos de que se ha demostrado su inocencia. Así lo han explicado fuentes de las defensas que representan a 4 de los enjuiciados y que han hecho balance para SEGRE de estos 4 meses de vista. Según estas fuentes, las acusaciones no han logrado probar ni la rebelión, ni la sedición, ni la malversación, por lo que “solo podemos esperar una sentencia absolutoria; ninguna otra cosa tendría sentido”. Sin embargo, en los informes finales, que los letrados defenderán a partir del martes, algunas defensas denunciarán la supuesta parcialidad de Marchena.

Los presos han llegado muy cansados al final del juicio, “pero están fuertes”. Ninguno se ha hundido por las condiciones del régimen penitenciario y, “aunque algunos lo llevan con más optimismo que otros”, todos están convencidos de que se ha acreditado su inocencia. También los letrados, aunque estos, por si acaso, no paran de trabajar en distintos frentes. Por ejemplo, en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), ante el que tramitan un recurso de Jordi Sànchez contra una sanción penitenciaria por grabar un mensaje electoral en una llamada telefónica. Se da la circunstancia de que este caso acaba de provocar la emisión de un voto particular firmado por tres magistrados del Tribunal Constitucional en el que denuncian que el TC se ha escudado en un asunto formal para no admitir a trámite el recurso de Sánchez porque sabía que, si lo admitía, habría tenido que darle la razón . “Eso es muy importante porque es muy raro que el TC nos dé la razón en cualquier asunto de esta causa”, cuentan fuentes de la defensa, que tienen la vista puesta, sobre todo, en la justicia europea.

Algunas defensas alegarán hasta 5 motivos para denunciar la presunta parcialidad de Marchena

Siete abogados de AxD, 6 de Moragues, Simeó Miquel y Celestí Pol han analizado todas las sesiones

En este caso están tramitando ya el recurso de Sànchez ante el TEDH porque se ha agotado la vía española (antes no pueden hacerlo). No ha sido fácil porque ha tenido que mediar la huelga de hambre de hace unos meses por parte de Sánchez y otros presos independentistas que denunciaban que el TC paralizaba sus recursos para evitar que pudiran acudir a Europa. “Ahora eso se ha normalizado”, dicen las defensas. “Lo normal es que, cuando se dicte sentencia en el Supremo, si es condenatoria, el recurso ante el TC se resuelva más o menos en un año, por lo que las resoluciones europeas no deberían tardar tanto como se ha dicho”. Algunos juristas han hablado de 7 u 8 años, pero las fuentes de las defensas consultadas por este diario creen que serán menos. “Ahí está el caso del diputado kurdo Selahattin Demirtas, que el TEDH resolvió con gran celeridad”. El TEDH ordenó a Turquía en noviembre pasado que liberara a Demirtas, que llevaba más de dos años encarcelado preventivamente. “Este caso es muy esperanzador para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que en el conflicto kurdo, a diferencia de lo que ha ocurrido con el procés, ha habido violencia de la de verdad, con muertos incluidos”.

Se da la circunstancia de que el mismo TEDH acaba de dictar una sentencia en la que rechaza un recurso independentista por la anulación de un pleno del Parlament posterior al 1 de octubre y declara ilegal el referéndum, pero eso no preocupa a las defensas. “Son cosas que no tienen nada que ver”, afirman, ya que una cosa es la valoración que haga el TEDH de ciertas leyes del Parlament y otra la supuesta vulneración de derechos humanos. “Creemos que, si hasta ahora apenas tenía argumentos el Supremo para mantener la prisión preventiva de nuestros clientes, ahora ya no tiene ninguno”. Los argumentos aducidos hasta ahora eran básicamente de dos tipos: por un lado, los indicios de criminalidad; por otro, el presunto riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reitearación delictiva. “Respecto a los indicios de criminalidad, Marchena nos dijo que no podía valorarlos para no contaminarse, pero ahora ya no puede decirlo porque el juicio ha llegado al final”, dicen las defensas. Si a eso se le añade que una de las funciones principales de la prisión preventiva es garantizar la presencia de los acusados en el juicio y esta ya se ha producido, “los argumentos para mantener la privación de libertad son inexistentes”.

Algunos letrados denunciarán en sus informes del martes y el miércoles la supuesta parcialidad de Marchena. Se basarán sobre todo en 5 razones: en primer lugar, la prohibición de contrastar los testimonios de decenas de policías y guardias civiles, “que a todas luces han dado la sensación de estar preparados”, con los vídeos; en segundo lugar, la prohibición de preguntar a los testigos sobre hechos no planteados por las partes que los habían propuesto; en tercer lugar, el hecho de que Marchena ha permitido a policías y guardias civiles un montón de observaciones subjetivas (caras de odio, miedo, etcétera) que luego no ha permitido a los testigos de las defensas (“lo más destacado en este sentido fue lo que ocurrió en la declaración de la filósofa Marina Garcés, en la que Marchena llegó a decir ‘mucho mejor’ cuando un abogado dijo que no hacía más preguntas ante la imposibilidad de que la testigo explicara el miedo de los votantes”); en cuarto lugar, el hecho de que a los testigos de las acusaciones se les ha permitido ayudarse con notas y a los de las defensas, no; y en quinto lugar, la pregunta que Marchena hizo a Trapero para ayudar a las acusaciones, que no podían hacerla precisamente en aplicación del criterio del propio presidente de no preguntar sobre cosas no planteadas por las partes que habían propuesto al testigo (en este caso, las defensas).

Las fuentes consultadas señalan que, “en ocasiones, la Fiscalía mostró cierta falta de familiaridad con los hechos ocurridos, como por ejemplo al inicio del juicio, al formular los interrogatorios a algunos de los acusados, o al final, cuando ni siquiera supo situar el lugar y fecha de los vídeos que presentó”. También afirman que el verbo alzar, nuclear tanto en el tipo de la rebelión como en el de la sedición, apenas aparece en los escritos de las acusaciones. Y la violencia, también necesaria en los dos delitos, no existió. “No sirve el argumento de la rebelión sofisticada o posmoderna que alegó la Fiscalía; solo existen la rebelión y la sedición del Código Penal, y este dice lo que dice”. Según estas partes, han sido muy flojas las peritas de Hacienda que intentaron acreditar la malversación: “imputaron partidas enteras de gasto a la preparación del referéndum, cuando ha quedado perfectamente acreditado que con estas partidas se sufragaron servicios y actuaciones que, sin lugar a dudas, nada tuvieron que ver con el referéndum. Aparte, no compararon las partidas de gasto del año del referéndum con las de años anteriores, sin verificar si, en efecto, se habían producido cambios relevantes en los conceptos o en las cantidades de gasto respecto de ejercicios previos”. Y añaden: “la individualización ha sido muy pobre. Han sido incapaces de identificar contribuciones concretas y necesarias por parte de los acusados para la organización de un alzamiento de la población, ni violento ni no violento, para lograr la secesión de Catalunya o para impedir el cumplimiento de órdenes judiciales”.

Veremos. A partir del miércoles el Supremo tendrá la última palabra con la redacción de la sentencia del juicio más importante de la democracia.

La Fiscalía mantiene su petición de hasta 25 años de cárcel La Fiscalía expuso sus conclusiones el pasado martes y mantuvo sus peticiones de hasta 25 años de cárcel. Dijo que hubo rebelión porque el gobierno catalán “lanzó a la población” contra las fuerzas de seguridad, lo que constituiría la violencia que comporta este delito. Habló por primera vez de “golpe de estado” y comparó lo acontecido el 1-O con el 23-F. La abogacía del Estado dijo que la violencia no fue estructural y pidió hasta 12 años por sedición. El ultraderechista Vox pidió hasta 74 años.