'Debemos volver a hablar'

El juicio por el 1-O quedó ayer visto para sentencia después de cuatro meses y más de cincuenta sesiones. Las acusaciones no se han movido de su posición inicial y han mantenido los cargos por rebelión y sedición. Mientras, las defensas han puesto en duda que se pueda ir más allá de la desobediencia y los acusados han abogado por el diálogo.

Visto para sentencia. Con estas palabras puso fin en la tarde de ayer el magistrado Manuel Marchena a cuatro meses de juicio contra la cúpula del procés en el Tribunal Supremo por los delitos que se les atribuyen en relación con el 1-O y el proceso de independencia. Más de cincuenta sesiones después y tras haber escuchado a centenares de testigos, visionado numerosos vídeos y analizado una cantidad ingente de documentación, el futuro de los doce líderes independentistas sentados en el banquillo ha quedado en manos de los siete miembros del tribunal que, además de por Marchena, está integrado por Antonio del Moral, Luciano Varela, Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Andrés Martínez. A partir de aquí, pocas certezas. Las acusaciones no se han movido ni un milímetro. Todas han coincidido en que hubo malversación. La Fiscalía y la acusación popular, por su parte, han calificado los hechos enjuiciados de rebelión, aunque discrepan en las peticiones de pena. El Ministerio Público pide un máximo de 25 años, con penas que suman hasta 177 años, frente a los ultras de Vox, que suben el máximo a los 74 años y elevan la suma a los 700 años. Mientras, la Abogacía del Estado ve sedición y ha solicitado un máximo de 12 años. Las defensas, por contra, que piden la absolución, solo admitieron en sus informes finales una posible desobediencia, delito del que solamente se acusa en esta causa a Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, los únicos procesados que no están entre rejas. Respecto de la sentencia, se especuló con la posibilidad de que se diera a conocer antes de agosto. Sin embargo, el juicio se ha prolongado más de lo previsto, con lo que es posible que el Supremo la deje para después del verano. Esto haría que su publicación recayera en fechas próximas a la Diada o al segundo aniversario del 1-O. Sea como fuere, los doce acusados insistieron, en su turno de última palabra, en la vía del diálogo con el Estado para que los catalanes acudan de nuevos a las urnas y ejerzan la autodeterminación. “Tenemos que volver al terreno del diálogo”, enfatizó Oriol Junqueras, el político que se enfrenta a una petición de pena más elevada.